«Que vergüenza PP y Vox. La ONU les dice que sus leyes de blanqueamiento de la dictadura son indignas de una democracia como España». Con esta frase aplaude el Gobierno al informe de tres relatores de la ONU sobre las leyes que aún deben aprobarse en Castilla y León, Valencia y Aragón, como si fuera la propia Organización quien se pronunciara. Ni la ONU ni ningún órgano de la ONU ha emitido informe, dictamen o resolución alguna, pero el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha salido en tromba como si fuera un tratado internacional firmado por todos los países.
El Gobierno, con Félix Bolaños como ‘superministro‘ aplaude así a una simple opinión de tres relatores de la ONU, cuyas valoraciones no son ni mucho menos vinculantes ni sus informes independientes deberían tener rango de ley, como insinúa el propio ministro de Presidencia, Justicia y de Relaciones con las Cortes.
Los tres relatores de la ONU se pronuncian así sobre leyes que no se han aprobado, sino sobre proyectos de ley, denominados «leyes de la concordia», que equiparan a todas las víctimas de la Guerra Civil y la posterior dictadura de Franco, independientemente del bando, tal y como se estableció en la Ley de Amnistía del 77, un símbolo de la concordia y que se ha quedado en el olvido.
Para el Gobierno, este informe, firmado por Fabian Salvioli, relator especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición; Aua Baldé, presidenta y relatora del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias; y Morris Tidball-Binz, relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, es clave para mantener viva la confrontación.
Además, Bolaños lo usa para mantener el mantra del «miedo a Vox y PP» en las elecciones catalanas, donde el PSC no solo se puede conformar con ganar, sino evitar a toda costa un Gobierno con Junts, aunque no descarta hacerlo.
Los relatores de la ONU, que no la ONU -como afirma el Gobierno- han emitido su informe tras una denuncia del propio Gobierno de Pedro Sánchez con el fin de justificar «medidas necesarias» para mantener la ley de Memoria Histórica en toda España. No obstante, PP y Vox se oponen a la ideología, motivo por el que consideran que deben tratarse a todas víctimas de antes y después de la Guerra Civil por igual, cerrando así la herida que buscan abrir el PSOE y sus socios.
Los relatores de la ONU se pronuncian sobre leyes autonómicas sin haber sido aprobadas, una muestra más hasta dónde han llegado las cosas. De ahí que el líder de la oposición y Vox hayan criticado este informe e incluso se pregunten sobre qué ley se han pronunciado estos relatores y qué texto han leído.
UN RELATOR DE LA ONU Y FRANCINA ARMENGOL
Pero estos relatores no son nuevos en estas lides para desempolvar el pasado en España. Salvioli, especialista en visitar exhumaciones, es un habitual de las Administraciones públicas gobernadas por el PSOE, como en las Islas Baleares comandadas entonces por Francina Armengol. Sus escritos han sido utilizados a partes iguales por ERC y Bildu para imponer su visión sobre la realidad y la historia de España.
El argentino Salvioli fue invitado al Congreso de los Diputados en varias ocasiones con el fin de «condenar a los responsables franquistas». Podemos, ERC, Bildu, Compromís y el PDeCat -Junts-, junto al PNV, hacían añicos la ley de amnistía del 77 para tratar de derogarla y perseguir penalmente a los franquistas. No así a la parte republicana que cometió sus atrocidades antes de la Guerra Civil.
Para Bildu, los informes de Salvioli pasaron por «la necesidad de asumir las obligaciones internacionales mediante un claro liderazgo y compromiso en la búsqueda de personas desaparecidas durante la Guerra y la Dictadura, como obligación de una política de
Estado integral, coherente, permanente, cooperativa y colaborativa», apuntó en una de las enmiendas a la Ley de Memoria Democrática. El PSOE la tumbó, pero ahora alza la voz en plena campaña catalana.
LA DEROGACIÓN DE LA AMNISTÍA DE 1977, EL OBJETIVO
«Concretamente, estos relatores -en referencia a Salvioli y su predecesor en el cargo- han destacado la incompatibilidad de la ley de amnistía con las obligaciones de derechos humanos de España y han recomendado que se derogue, eliminando así cualquier obstáculo que persista en el logro de la responsabilidad penal. Asimismo, han solicitado anular las condenas y las penas dictadas por motivos políticos, ideológicos o de creencias por cualquier tribunal u órgano administrativo durante la dictadura».
«Por último, exigen medidas de responsabilidad económica e indemnización por parte del Estado. Ambos observan que no cabe renuencia de ningún tipo a que sea el Estado el que asuma la responsabilidad en los procesos de exhumaciones, y resuelva de este modo los inconvenientes generados en materia de coordinación y metodología».
BILDU USÓ LA OPINIÓN DEL RELATOR DE LA ONU EN EL CONGRESO
Bildu sostuvo que «dichos informes tienen, asimismo, el valor de recoger la opinión y reclamaciones de las asociaciones de víctimas y otros actores sociales y políticos relevantes en el país, a la vez que colocar el caso español en un contexto global, mostrando sus especificidades, pero también sus semejanzas, en relación con procesos de memoria equivalentes en otros lugares del mundo».
Apelando al sentimiento, Salvioli ha defendido la necesidad de que el Estado cubriera todos los gastos de las exhumaciones, así como tratar de encontrar los restos de los seres queridos. Para Vox este gasto no puede ser asumido por el Estado. Ante la falta de una ley estatal que así lo exigiera, las CC AA del PSOE y las nacionalistas hicieron las suyas propias, que poco a poco se precipitan a su derogación.
Los res relatores de la ONU alegan que las leyes de Aragón, Valencia y Castilla y León «invisibiliza las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura franquista, al no hacer referencia explícita ni condenar el régimen, su carácter dictatorial, o su responsabilidad por los crímenes cometidos en este periodo».
La principal queja de Salvioli y los otros dos relatores de la ONU es que las normas autonómicas no hacen referencia a las «graves violaciones de derechos humanos cometidas por el régimen franquista (1939-1975), sino que se refiere a las atrocidades cometidas por un bando durante la guerra civil, mientras que sí menciona la violencia política ejercida durante la llamada Segunda República que le antecedió (1931-1939)».
las leyes que buscan aprobar PP y Vox no se quedan única y exclusivamente desde la Guerra Civil y la dictadura de Franco, si no también extenderla a la época de la II República, el terrorismo etarra y el islámico
Sin embargo, las leyes que buscan aprobar PP y Vox no se quedan única y exclusivamente desde la Guerra Civil y la dictadura de Franco, si no también extenderla a la época de la II República, donde el terror y la persecución de anarquistas y de izquierdas a conservadores, religiosos y moderados está sobradamente documentado. El objetivo de la ley de concordia es «el reconocimiento de quienes padecieron persecución o violencia por motivos ideológicos, religiosos y sociales desde el año 1931 hasta 1978». Es decir, seis años más de la Ley Democrática del Gobierno.
Asimismo, también pone de manifiesto los requisitos para las subvenciones para encontrar a las familiares, así como algunas asociaciones. El anteproyecto de ley en el que se basa el informe del relator preferido de Bildu y ERC establece que las subvencione están sujetas «a la justificación correspondiente conforme a lo establecido en las correspondientes convocatorias y bases reguladoras».
EL RELATOR DIFERENCIA ENTRE VÍCTIMAS
En Valencia, la propuesta pide la misma protección también a las «víctimas de la Segunda República, el terrorismo etarra e islámico», pero para el relator de la ONU se «desvirtúa el objetivo de atender las necesidades y derechos de las centenas de miles de víctimas del franquismo y la guerra civil». Es decir, defienden que solo hubo unas víctimas y niega que otras tengan el mismo derecho, más cuando hay 300 casos sin resolver de ETA.
«Si bien notamos la importancia de asegurar la no discriminación a la hora de reconocer y dar justicia y reparación a todas las víctimas de la violencia, sin discriminación alguna, el proyecto de ley podría llevar a asimilar las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura franquista y la guerra civil a un grupo heterogéneo de crímenes y/o violaciones cometidas por diferentes actores, estatales y no estatales, a lo largo del siglo XX en España», afirman los relatores.
A su juicio, este texto quitaría «reconocimiento y la atención necesarios a los derechos de las centenas de miles de víctimas de graves violaciones de derechos humanos, incluyendo ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas cometidas durante la dictadura franquista».
EL INFORME SILENCIA LA AMNISTÍA DEL 77
Con todo, el informe silencia la ley de amnistía de 1977. Esta normativa estableció la amnistía para «todos los actos de intencionalidad política, cualquiera que fuese su resultado, tipificados como delitos y faltas realizados con anterioridad al día quince de diciembre de mil novecientos setenta y seis».
La normativa también expresó «todos los actos de la misma naturaleza realizados entre el 15 de diciembre de 1976 y el 15 de junio de 1977, cuando en la intencionalidad política se aprecie además un móvil de restablecimiento de las libertades públicas o de reivindicación de autonomías de los pueblos de España»; «todos los actos de idéntica naturaleza e intencionalidad a los contemplados en el párrafo anterior realizados hasta el 6 de octubre de 1977, siempre que no hayan supuesto violencia grave contra la vida o la integridad de las personas».
No obstante, asociaciones como Amnistía Internacional y otros miembros independientes inciden en la necesidad de derogar la ley de Amnistía, que a su juicio indica que «nada se puede oponer al juicio o a la condena de una persona por actos que, en el momento de cometerse, fueran considerados delictivos por el derecho internacional. Pero meses después entraba en vigor una ley que durante décadas ha inutilizado este principio».
La supresión de esta ley tendría que aclarar qué sucedería con las personas implicadas, más cuando no se dio la amnistía a quienes quitaron o pusieron en grave riesgo la vida de otros. Además, el Supremo consideró invalidada toda acción judicial contra los beneficiarios de la amnistía del 77, que suponía entonces un punto y aparte para la llegada de la Democracia a España tras 40 años de dictadura.
Pero para Salvioli y el resto de relatores partícipes en este informe, la ley de Amnistía debería haberse cambiado. Así lo aseguró hace dos años en el Congreso de los Diputados, al considerar insuficiente la ley de Memoria Democrática tras ser invitado por Podemos.
SIN EFECTO PARA LOS CRÍMINES PERPETRADOS POR EL FRANQUISMO
«Sería valioso y pertinente que se indique de manera expresa que las disposiciones de la Ley de Amnistía no deberían tener ningún efecto sobre los crímenes perpetrados por el franquismo», afirmó. «Es mejor ponerlo así, clarito, para que mañana el Poder Judicial no diga que interpreta conforme al derecho internacional para no perseguir estas causas», dijo Salvioli.
Tidball-Binz, médico especializado en ciencias forenses, ha contribuido, según la ONU, al «desarrollo y al uso mundial de la ciencia forense para investigar y documentar las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, las desapariciones forzadas, la tortura y las condiciones de detención, así como a la acción humanitaria en conflictos armados y catástrofes naturales».
Aua Baldé está especializada en derecho internacional de los derechos humanos, en particular, en los sistemas africanos de Derechos Humanos, y es también autora de O Sistema Africano de Direitos Humanos e a Experiência dos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa.
EL RELATOR DE LA ONU, UNA FIGURA POLÉMICA Y SIN INFLUENCIA
La figura del relator no es ni mucho menos vinculante. El ‘procés’ independentista puso de manifiesto que tan solo se trata de una opinión de un experto aceptado por los países miembros. En 2017 y tras la aplicación del 155 de la Constitución en Cataluña,
El pasado jueves, el gobierno español decidió poner en marcha los trámites para aplicar el artículo 155 de la Constitución que supondría la intervención del gobierno catalán. Alfred de Zayas cargó contra la decisión al considerar que era contraria a cuatro artículos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
En este sentido, destacó que «negar a un pueblo la manifestación sobre su autodeterminación, denegar la legalidad de un referéndum, usar la fuerza para impedirlo y anular la autonomía de un pueblo mediante castigo supone una violación del artículo primero». No obstante, a pesar de su opinión, de Zayas chocó de frente con la Constitución Española y los jueces, que aplicaron la normativa vigente.
No fue el primer tropiezo. Sus ideas, alineadas con las de Vladimir Putin, llega a tildar a EE UU y a la OTAN de «amenazas a Rusia en los últimos 30 años» al señalar que se han roto los acuerdos a la hora de expandirse hacia el este. «Ha sido una provocación constante, y luego la OTAN quiere aparecer inocente», afirmó. «Recordemos lo que aprendimos de niños: tirar la piedra y esconder la mano. Cabe recordar que el artículo 2 de la Carta de Naciones Unidas prohíbe no solamente el uso de la fuerza, sino también la amenaza», apuntó.
De esta forma, el relator suele ser un enviado de parte, una forma para tratar de afianzar un relato, pese a que sus informes se envían a la ONU, la Organización no entra a debatirlos, discutirlos o exigir cambios directamente a los países. De esta forma, queda en entredicho la veracidad del Gobierno al asegurar que «la ONU dice…». Y no, la ONU no dice nada cuando un informe de un relator se trata.
