El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, fue reprobado por el Senado con mayoría absoluta del Partido Popular (PP), luego de que el Tribunal Supremo anulara el real decreto de nombramiento como fiscal de Sala de Memoria Democrática y Derechos Humanos a Dolores Delgado, junto con la solicitud del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de iniciar una investigación judicial por probable vulneración de confidencialidad y revelación de secretos en el caso de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
La decisión del Senado ha tenido 144 votos positivos, 97 en contra y 19 abstenciones y contó con el respaldo de UPN y Vox, mientras que el PSOE votó en contra, sin conseguir el respaldo ERC, PNV y Junts, que se abstuvieron respecto a la destitución del Fiscal General. La discusión parlamentaria argumentó la salida de Ortiz «ante el incumplimiento grave o reiterado de sus funciones» basado en el artículo 31 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.
La reprobación del Senado
En este contexto, el PP acusó en el Senado a Ortiz de «bochornosos espectáculos y escándalos», calificándolo como «no idóneo» para el cargo que desempeña y que ha demostrado «un servilismo descarado» para con el Gobierno. «Si tuvieran solo un mínimo de respeto institucional y decencia, solo con este varapalo ya sería suficiente para que el señor García hubiera presentado su dimisión o el Gobierno hubiera propuesto su cese», ha dicho la senadora del PP, María Asunción Mayo.
Por su parte, el PSOE ha argumentado que la oposición encabezada por el PP ha atacado al Fiscal General en el Senado porque quieren «arremeter contra todo lo que tenga que ver con la Justicia» porque están «acosados por la corrupción», expresó senador del PSOE, José María Oleaga, destacando que el PP actuó «con inquina» hacia García Ortiz y solicitó «la renovación del CGPJ, abandonar los bulos y la desinformación y respetar las instituciones democráticas».
El Senado en debate por García Ortiz
El intercambio en el Senado también destacó al PP quien ha remarcado la «desviación de poder» del Fiscal General, su «seguidismo» con el Gobierno y «falta de transparencia».
Asimismo, el PP no solo ha pedido el cese de funciones del Fiscal General sino que fue más allá y solicitó la dimisión de todo el Gobierno por «manosear a la Justicia y colonizar las instituciones para ponerlas al servicio de sus intereses». «Si tuviera la más mínima dignidad ya habría dimitido».
