Tres policías nacionales jubilados muy a su pesar, porque fueron heridos de gravedad durante las violentas algaradas del movimiento Tsunami, puede provocar que Carles Puigdemont sea juzgado por un delito de terrorismo. La cuestión no es menor porque si finalmente la acusación de los policías sale adelante Puigdemont, entre otros acusados, puede enfrentarse primero a una orden de busca y captura internacional, que en este caso sí será atendida por el tipo de delito, y al banquillo acusado de terrorismo después, lo que le imposibilitaría acceder a la presidencia de la Generalitat. Ángel, Álvaro e Iván fueron heridos muy graves en octubre de 2019, y desde entonces están jubilados a la fuerza, víctimas de las heridas provocadas por los manifestantes de Tsunami y ahora pueden sentar a Puigdemont en un banquillo.
Los tres policías fueron heridos durante las jornadas de protesta por la sentencia del procés. Entre las protestas tuvo especial incidencia la realizada en el aeropuerto barcelonés de El Prat cuando miles de personas tomaron la terminal. Pero también hubo protestas en la Plaza de Urquinaona de Barcelona. Aquí fue herido Ángel Hernández, que recibió su incapacitación el 21 de mayo de 2021. En su caso el relato de los hechos es aterrador, pero incluso hubo vídeos del ataque contra ellos que demostraron la violencia de los mismos y se encuentran a golpe de teclado en cualquier buscador.
Este martes, Ángel declaró ante el juez Joaquín Gadea, magistrado de refuerzo del juzgado de instrucción 6 que dirige Manuel Garcia Castellón, instructor de la causa Tsunami, Ángel que en varias ocasiones aquel día «temí por mi vida» y que «me siento víctima del terrorismo».
HERIDOS GRAVES
Este martes tuvo lugar la declaración de Ángel y Álvaro, porque el tercer agente afectado, Iván, denunció un poco más tarde y por tanto declarará dentro de unos días. Los dos agentes de la UIP (Unidad de Intervención Policial) explicaron que sufrieron una situación de «violencia extrema» por parte de grupos organizados que congregaron a entre 2.500 y 3.000 personas, aunque no sabían decir quien les había convocado ni el origen de la protesta, ya que «no es nuestro cometido valorar, sólo obedecemos órdenes». Su compañero Álvaro que también declaró este martes no ha comparecido antes los periodistas porque todavía reside en Cataluña y no quiere que sus hijos sean señalados en la escuela, como ya ha ocurrido.
Ángel Hernández recibió el impacto de una adoquín en la cabeza y el brazo. En el antebrazo tiene una señal, que ha explicado que «todos los días veo una cicatriz de 18 centímetros y medio en el brazo que me recuerda aquel día». Ángel ha sufrido ya dos intervenciones quirúrgicas por ese motivo. Ese golpe le provocó pérdida de movilidad en el brazo derecho.
Álvaro recibió golpes de rodamientos en la cabeza y los hombros, que le provocaron también problemas psicomotrices e Iván recibió golpes y perdió visión de un ojo. Es el único de los tres que ha logrado una indemnización por incapacidad laboral, mientras que sus compañeros sólo tienen una jubilación por enfermedad común. Todos están apoyados por el sindicato Jupol, uno de los mayoritarios en Policía Nacional, que los has acompañado en su denuncia y les asesoran en materia laboral. Ibón Domínguez, portavoz nacional de Jupol, está convencido de que «con más y mejores medios y más personal se podría haber evitado esta desgracia que jubila anticipadamente a tres compañeros y los deja con secuelas de por vida».
ESTÁN CONVENCIDOS DE QUE «LOS GRUPOS VIOLENTOS QUERÍAN ALGÚN POLICÍA MUERTO»
Hay que recordar que las protestas más violentas ocurrieron el 18 de octubre de 2019 en la plaza de Urquinaona y Vía Laietana de Barcelona, a los pocos días de hacerse pública la sentencia del Tribunal Supremo que condenó a los líderes del proceso independentista catalán. Uno de los policías ha relatado su convencimiento de que «los grupos violentos querían que hubiera algún agente muerto». Nacho y José María Fuster-Fabra, que los representan legalmente, han declarado que «los policías veían que lo que buscaban era que hubiera no solamente lesionados, sino que hubiera fallecidos» y ha remarcado que los manifestantes pretendían hacer «el máximo daño posible». Y saben bien de lo que hablan, pues Ángel y sus compañeros son veteranos de la UIP.
Ángel ha recordado que «ese fue mi último servicio, me jubilaron por una incapacidad permanente total», antes de calificar la intervención en esa protesta como «la más dura de todas» en las que participó como policía. «Hemos trabajado en las protestas de pescadores de Galicia, de mineros de Asturias y en la kale borroka del País Vasco y nunca habíamos visto algo de tal magnitud como lo que se vivió en Barcelona esos días».
El otro de los policías que ha declarado dijo que los miembros de Tsunami, «sabían perfectamente dónde estaban ubicadas las unidades policiales y en el momento en que una quedaba desabastecida de material de antidisturbios, ellos aprovechaban para atacar y esa unidad tenía que ser, a su vez, reemplazada por otra».
José María Fuster-Fabra ha añadido que uno de los agentes ha explicado que vivía en Cataluña y que pasó un «drama familiar» al hacerse pública su imagen, ya que sus hijos padecieron acoso escolar, tuvieron que «malvender» la casa y cambiar de domicilio. Ocurrió tras la visita que recibieron en el hospital de Pedro Sánchez y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, cuando se difundieron sus rostros sin pixelar.
CONFIANZA EN LA JUSTICIA
Uno de los policías ha recordado al juez que tardaron hasta una hora en trasladarlos al hospital porque los manifestantes cortaban el tráfico a las ambulancias que los llevaban para ser atendidos de urgencia y que incluso luego en el centro médico necesitaron ser protegidos por sus propios compañeros para evitar que los manifestantes irrumpieran.
Ángel también ha contado que ahora tienen «confianza plena en la Justicia» y que esperan como «víctimas del terrorismo» que su caso tenga «las repercusiones que tiene que tener». El agente dijo también que sintió peligrar su vida y que arrastra «muchas secuelas por el estrés postraumático que sufro» y ha pedido que «lo que ocurrió en Barcelona aquellos días , que fue una auténtica salvajada, ojalá no se vuelva a repetir».
ACUSACIÓN
La acusación particular representada por el despacho Fuster-Fabra Abogados recoge en su escrito de esta causa que «el 18 de octubre de 2019 se produjeron diferentes disturbios protagonizados por sectores radicales violentos» que tuvieron como objetivo de sus ataques, entre otros, las dependencias de la Jefatura Superior de Policía de la Vía Laietana. Detallaba el escrito que esas dependencias eran custodiadas por efectivos de las Unidades de Intervención Policial y recordaba que el 18 de octubre, en el marco de las protestas, los dos agentes se encontraban dando protección a esa comisaría.
Tras horas de «hostilidades», explicaba el despacho Fuster-Fabra Abogados, llegó «un grupo de personas encapuchadas y embozadas» que «usando técnicas de combate similares al terrorismo callejero practicado en comunidades autónomas como el País Vasco, comenzaron a lanzar (…) todo tipo de objetos contundentes con una indudable capacidad lesiva, incluyendo botellas y latas en cuyo interior había líquido corrosivo». Fue en ese servicio cuando uno de los dos policías fue «alcanzado en su mano derecha por el impacto de una botella rota», lo que le hizo caer al suelo y notar «un fuerte dolor fruto de esa lesión».
Ese mismo día, pero horas más tarde, sobre las 20.00 horas, ese mismo agente se encontraba en la Plaza de Urquinaona junto a otros compañeros parapetados «ante la imposibilidad de avance por la intensidad de los ataques, de estilo terrorismo urbano o kale borroka, que estaban sufriendo con adoquines, piedras, bolas metálicas de petanca, bengalas, cócteles molotov, ácido y material metálico de bricolaje». Fue cuando recibió «un impacto muy fuerte de un objeto lanzado por los manifestantes que golpeó sobre el lado derecho de su casco, cayendo al suelo desplomado y perdiendo el conocimiento por completo».
Ángel también estaba en esa plaza, y recibió «un fuerte impacto en su mano» que le causó «una grave fractura abierta en el radio de su brazo derecho con desplazamiento, y que, tras varias intervenciones quirúrgicas, y como consecuencia de la gravedad de la lesión, al no reunir las condiciones físicas necesarias para seguir ejerciendo como policía», provocó que fuera jubilado a la edad de 45 años.
