Informe jurídico destaca inconstitucionalidad de la ley de amnistía
Un detallado análisis jurídico de las Cortes de Aragón ha revelado que la ley de amnistía vulnera diversos principios legales clave en España. Este informe señala que dicha ley transgrede la seguridad jurídica, la legalidad penal y la igualdad de todos los españoles. Además, despoja a los jueces y magistrados de su potestad jurisdiccional, infringiendo también el derecho a la tutela judicial efectiva. Se considera que la ley realiza una «modificación encubierta» de la Constitución.
Los servicios jurídicos del Parlamento aragonés han elaborado este informe a solicitud de la Mesa de las Cortes, a propuesta del grupo parlamentario ‘popular’. Tanto el Gobierno autonómico como las Cortes de Aragón tienen previsto recurrir ante el Tribunal Constitucional esta ley, una vez sea acordado por el Pleno de la Cámara.
Antecedentes constitucionales y prohibiciones legales
El documento destaca que la amnistía no está expresamente contemplada en la Constitución de 1978, que únicamente menciona el derecho de gracia en forma de indulto particular, prohibiendo los indultos generales. Durante la Transición democrática, la aprobación de la Ley de Amnistía en 1977 fue considerada una medida excepcional, acorde con la consolidación de los valores democráticos.
Cuestiones de potestad y reforma constitucional
El informe plantea que la aprobación de una amnistía requiere una previa reforma constitucional, ya que las Cortes Generales no tienen la facultad de juzgar ni de ejecutar sentencias, elementos claves de la potestad jurisdiccional. Se subraya que el Código Penal no contempla la amnistía como causa de extinción de responsabilidad penal.
Además, se destaca que la ley de amnistía aprobada representa una intromisión ilegítima en la función jurisdiccional de los jueces y tribunales. Su aprobación sin una reforma previa de la Constitución desborda los límites legales establecidos, convirtiendo a las Cortes Generales en un poder constituyente.
Repercusiones y conclusiones
El informe señala que la ley de amnistía vulnera principios fundamentales como la igualdad, la seguridad jurídica, la legalidad penal y la separación de poderes. Además, se considera que la medida no es proporcional ni adecuada, al no contar con el respaldo de una parte significativa de la sociedad catalana y española.
En términos prácticos, el perdón otorgado a través de esta amnistía no asegura la normalización institucional, ya que los responsables de alteraciones aún no han renunciado a sus aspiraciones independentistas. La concesión de amnistía basada en una determinada ideología genera desigualdades y contradice el principio de igualdad.
En resumen, el informe concluye que la ley de amnistía en cuestión viola múltiples principios legales y constitucionales, planteando serias dudas sobre su legalidad y legitimidad. Ante este escenario, tanto el Gobierno autonómico como las Cortes de Aragón se preparan para recurrir esta ley ante el Tribunal Constitucional en defensa de los principios democráticos y legales establecidos.
