Greenpeace y Ecologistas en Acción alertan sobre las deficiencias en los informes de la empresa y la insuficiencia en los estudios de la Junta de Andalucía en relación al proyecto de explotación de la mina de Aznalcóllar en Sevilla.
El pasado 25 de abril se llevó a cabo una concentración en el Muelle de la Sal para mostrar rechazo al vertido «tóxico» al río Guadalquivir que se implicaría en el nuevo proyecto de explotación de la mina de Aznalcóllar por parte de Minera Los Frailes, sociedad formada por Grupo México y Minorbis.
Alerta de vertido de aguas contaminadas al Guadalquivir
Según Greenpeace y Ecologistas en Acción, el proyecto de reapertura de la mina de Aznalcóllar implicaría el vertido de 85,520 millones de litros de aguas contaminadas con metales pesados durante casi dos décadas. Estas aguas estarían destinadas al Estuario del Guadalquivir, afectando un área designada como Zona de Especial Conservación de la Red Natura 2000.
Metales como arsénico, cadmio, cobre, cromo, mercurio, niquel, plomo, selenio y zinc estarían presentes en las aguas vertidas, lo que supondría un grave riesgo para el ecosistema. Los ecologistas recuerdan la catástrofe natural de 1998 en la misma zona, causada por la fractura de una balsa de residuos de metales pesados en la antigua operación minera de Aznalcóllar.
Impacto ambiental y preocupaciones
A pesar de la defensa del Gobierno andaluz y la empresa sobre los parámetros medioambientales y la promesa de una estación depuradora de última generación, los ecologistas advierten sobre la carga contaminante que seguiría presente en el Estuario del Guadalquivir durante los años de explotación.
Los cálculos de los ecologistas indican cantidades significativas de metales como arsénico, cadmio, cobre, cromo, mercurio, níquel, plomo, selenio y zinc que podrían llegar al río. El posible impacto en las áreas de cultivo y cría de especies acuáticas preocupa a los defensores del medio ambiente.
Incertidumbres en los permisos y autorizaciones
A pesar de contar con un informe de admisibilidad para el vertido, la empresa aún no ha recibido la autorización ambiental unificada de la Junta de Andalucía ni los permisos necesarios de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Los ecologistas han señalado las deficiencias en los estudios de la empresa y en los informes sectoriales de la Junta, instando a una revisión más exhaustiva de los impactos potenciales.
Compromisos y protestas
La empresa asegura haber aumentado la inversión para garantizar una actividad respetuosa con el medio ambiente y solucionar los problemas ambientales heredados de la antigua operación minera. Sin embargo, los grupos ecologistas planean continuar con las protestas, respaldados por otros colectivos, ante el posible impacto negativo en el Bajo Guadalquivir, una zona de especial conservación.
En este contexto, la reunión programada con el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, la próxima semana será crucial para abordar el tema desde una perspectiva local y buscar claridad sobre las responsabilidades municipales en relación con el proyecto.
Resumen
La preocupación ambiental en torno al proyecto de explotación de la mina de Aznalcóllar se intensifica debido a las advertencias de Greenpeace y Ecologistas en Acción sobre los posibles efectos negativos en el río Guadalquivir y su entorno natural. La falta de consenso entre las partes involucradas, las deficiencias en los informes presentados y las incertidumbres en los permisos necesarios plantean serias dudas sobre la viabilidad ambiental y sostenible de la operación propuesta. La presión de los grupos ecologistas, respaldados por una coalición de colectivos, indica un escenario de conflicto que requiere diálogo y resolución. La protección del ecosistema y la conservación de las áreas naturales deben ser prioritarias en cualquier proyecto de desarrollo, especialmente cuando se trata de actividades con potencial impacto ambiental significativo.
