La Fiscalía Europea ya estudia las adjudicaciones recibidas por Innova Next, la empresa de Juan Carlos Barrabés que avaló por carta a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno y cuyos importes dependen de fondos europeos. Lo hace después de que el juez de Instrucción 41, que admitió la denuncia por tráfico de influencias y corrupción en los negocios contra Gómez, abriese una pieza separada a petición de la propia Fiscalía Europea (EPPO), que también investigará la concesión de ayudas de 475 millones y 320 millones, respectivamente, otorgadas a empresas del Grupo Globalia. De momento la UCO de la Guardia Civil ya ha acudido a la sede de Red.es para hacerse con la documentación sobre el único contrato de esta empresa estatal financiado con fondos europeos.
El juez que admitió e investigó la denuncia contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha abierto una pieza separada tras recibir un escrito de la Fiscalía Europea (EPPO) el pasado 26 de abril preguntando si alguno de los contratos denunciados se habían financiado con fondos europeos. En concreto seis de ellos, por valor de 9.995.000 euros han sido pagados con dinero de Europa.
Los fiscales delegados europeos, Laura Pellón, Luis Miguel Jiménez y Antonio Zárate, pedían estos contratos porque «podría en su caso llegar a ejercer su competencia», ya que los fiscales europeos están obligados a perseguir cualquier delito que afecte a su competencia, en este caso los fondos UE. El juez instructor facilitó una copia de los documentos requeridos a la EPPO, aunque no llegó a pronunciarse sobre la competencia de la Fiscalía, ya que solo los propios fiscales pueden determinar su competencia.
UNO DE LOS CONTRATOS DE RED.ES QUE DIO ORIGEN A LA CAUSA ESTÁ FINANCIADO CON FONDOS EUROPEOS
Los contratos de Innova Next, de los 28 recibidos por el Estado pero afectados por estos fondos son seis. El primero es el expediente 044/20-ED, otorgado por Red.es y al que acudió en una UTE con KPMG. Por ello consiguieron 2.600.532 euros, IVA incluido, en 2021 para ofrecer «servicios de oficina Acelera Pyme, servicios de apoyo y asesoramiento». El segundo contrato también fue concedido por Red.es y fue adjudicado a Innova Next en UTE con The Valley Digital. Éste es uno de los contratos que contó con la carta de recomendación de Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez, que desató toda la causa judicial. Las empresas se adjudicaron en concreto los lotes 1 y 3 de 6 por un total de 3.000.247,64 euros.
El tercer contrato que investiga la Fiscalía europea fue concedido por el Consejo de Administración de ICEX España Exportación e Inversiones E.P.E. en 2021. Esta vez la adjudicación recayó en solitario a Innova Next. Se trataba de la «contratación de un servicio de apoyo en el seguimiento y control del servicio ICEX-eMarket Services de Consultoría Estratégica en Venta Internacional, así como de optimización de la metodología empleada y de sus respectivos modelos de prestación de servicio, gestión y control» por un total, prórroga incluida, de 260.064,21 euros.
El cuarto expediente afectado se refiere a trabajos de Consultoría y Diseño en varios lotes, aunque sin precio fijo estipulado pero con un presupuesto de 17.680.000 euros en el lote donde resultó adjudicataria Innova Next junto a otras empresas. El contrato fue concedido por la Comunidad de Madrid, en concreto la Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid. El acuerdo se formalizó el16 de diciembre de 2021 y fue prorrogado justo dos años después.
Innova Next también ganó en agosto de 2022 en solitario un quinto contrato afectado por fondos europeos. En esta ocasión el adjudicatario fue la presidencia del Comité Superior de Deportes (CSD) por un precio de 3.684.317 euros para «el diseño de Innovación y Transformación Digital en el ámbito del deporte, así como para coordinar todos los programas de innovación desarrollados por el CSD».
El último de los contratos de Barrabés que investigará la Fiscalía Europea es de 450.000 euros y se refiere a la contratación de «servicios profesionales para definir una metodología y desarrollar los instrumentos y herramientas que faciliten la formación para llevar a cabo un proceso de emprendimiento, financiada por MRR», de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo, adscrita al ministerio de Trabajo y Economía Social. Fue adjudicado el 28 de diciembre de 2023, poco antes del estallido del Caso Begoña Gómez.
De momento, el partido político VOX, que ejerce una de las acusaciones populares en la causa, ya ha pedido personarse en esta nueva pieza separada el pasado martes.
El juez que instruye la causa ha vuelto a aplazar la declaración como testigo del empresario Carlos Barrabés -prevista para este viernes- hasta el domingo 16 de junio, cuando tomará declaración a varios cargos de Red.es. Está previsto que este 16 de junio comparezcan el consejero delegado (CEO) de Red.es, David Cierco; el que fuera director general de Red.es Alberto Martínez Lacambra; el economista y abogado de Innova Next SL Luis Antonio Martín Bernardos; el director de la asesoría jurídica en Red.es, Ignacio Espejo Saavedra Hernández; y Luis Prieto Cuerdo, director de Economía de Red.es, entidad pública adscrita al Ministerio para la Transformación Digital.
INVESTIGACIÓN A GLOBALIA
Los denunciantes originales de la causa, el sindicato Manos Limpias, ya advertían en su escrito de denuncia que la decisión SA.57659 de la Comisión Europea, de 31 de julio de 2020, junto a la orden previa, obligaban a que las ayudas superiores a 250 millones de euros deberían ser notificadas a la Comisión Europea. Pero según Manos Limpias, el Gobierno de España incumplió esta obligación en el caso de las ayudas de 475 millones y 320 millones, respectivamente, otorgadas a empresas del Grupo Globalia de la familia Hidalgo.
Aquella denuncia explicaba que el Consejo de Ministros, presidido por Pedro Sánchez, aprobó el 3 de noviembre de 2020 el primer destino de estos fondos y resultaron beneficiados Air Europa Holding SLU, Air Europa Líneas Aéreas SAU y Aeronova SLU. El importe resultó ser de 475 millones repartidos en dos créditos de 249 y 235 millones de euros, respectivamente. Para los denunciantes «se hizo así para evitar el control de la Comisión Europea». Esta circunstancia fue denunciada ante la Fiscalía europea por Manos Limpias.
El dinero de esa ayuda millonaria fue transferido por el Ministerio de Hacienda a Air Europa Holding SLU. Esta empresa fue constituida el 13 de noviembre de 2019 con apenas 3.000 euros de capital. Los denunciantes aseguran que «nos parece de una ilegalidad absoluta que una sociedad que cuenta con menos de un año de vida se pueda acoger a un préstamo de tal envergadura». Manos Limpias argumenta que el artículo 2.17 del Real Decreto Ley 25/2020, de 3 de julio de 2020, «dejaba todo atado y bien atado para que el consejo de ministros pudiera repartir a su antojo y sin control alguno los 10.000 millones de euros del Fondo».
Ahora con los informes ya elaborados por la UCO de Guardia Civil los fiscales europeos tendrán que comparar la lista de esos contratos e investigar la denuncia que afectaba al Grupo Globalia y también los datos aportados sobre Ávoris, empresa resultante de la integración de Barceló y Globalia, aunque la familia Hidalgo vendió en octubre de 2022 su participación. Pero antes, el 16 de marzo de 2021 tras el acuerdo del Consejo de Ministros Ávoris fue beneficiada con ayudas por 320 millones de euros. Según los mismos denunciantes, esta ayuda fue fraccionada en dos créditos de 163,2 millones y 156,8 millones de euros y también se habría incumplido la obligación de dar cuenta de esta operación a la Comisión Europea y por tanto, también el reparto de esos fondos era denunciado en el Juzgado.
