Joaquín Goyache está en el centro de la polémica por otorgar a la cátedra a Begoña Gómez el concurso público para que la esposa del presidente del Gobierno pudiera culminar el desarrollo del software, un proyecto iniciado de forma altruista por Indra, Telefónica y Google, con un gasto conjunto de 150.000 euros, a los que hay que añadir otros 60.000 euros públicos por la adjudicación.
El rector de la Complutense trató de quitar hierro al asunto al asegurar que no le importaba quién se quedaría el software, a pesar de ser una licitación pública de la Escuela de Gobierno de la Universidad Complutense de Madrid. El caso de la esposa del presidente del Gobierno, llamada a declarar el próximo 5 de julio en calidad de investigada por supuestos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios, afectaría directamente al rector de la Complutense, quien firmó el inicio del expediente una semana después de llegar al cargo.
De hecho, su resolución se publicó el 5 de julio del pasado año, aunque se firmó dos días antes, según el documento consultado por MONCLOA.
LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN A BEGOÑA GÓMEZ
Ante las sospechas de un posible tráfico de influencias con la cátedra de Begoña Gómez, que era directora de la misma a pesar de no contar con la correspondiente licenciatura, se cierne ahora hacia Goyache. El propio PP de Madrid ha registrado una comisión de investigación para depurar, si así se concluyera, responsabilidades políticas. Esta acción política echará a andar el próximo mes de octubre y tendrá un plazo máximo de cinco meses para poder hacerlo.
En el PP de Madrid las cosas están más claras tras conocerse que Indra, Google y Telefónica desistieron de su acción «probono» en favor de la cátedra de Begoña Gómez, quien trató de patentar la herramienta informática e incluirla como un activo en su empresa, constituida 46 días después de la adjudicación, ganada por Deloitte Consulting por muy poca diferencia sobre Future Viva Technologies.
Asimismo, la Fiscalía europea investiga también los contratos de Begoña Gómez, la gota que ha colmado el vaso por los sectores más duros del PP de Madrid, quienes exigen la «dimisión inmediata» no solo de Pedro Sánchez, presidente y marido de Begoña Gómez, sino también del propio rector. «No puede permanecer ni un minuto más en el cargo», apuntan fuentes ‘populares’ consultadas por MONCLOA.
EL RECTOR DE LA UCM, EN EL OJO DE LA POLÉMICA
Goyache ganó las elecciones el pasado marzo de 2023 y tomó posesión del mismo el 27 de junio de ese mismo año. Una semana después entregó todo tipo de facilidades para que la cátedra de Begoña Gómez pudiera terminar ese software. «El menosprecio al dinero público y la falta de explicaciones motivan una dimisión inmediata», insisten las propias fuentes, que consideran que se mancha la imagen de la Complutense por el caso de Begoña Gómez.
La comisión de investigación de la Asamblea de Madrid tratará de arrojar luz, además, sobre si Begoña Gómez se pudo lucrar directa o indirectamente con el concurso público respaldado por la Escuela de Gobierno de la Complutense, una licitación para la que era necesaria la firma del rector. Oficialmente, Miguel Ángel García, portavoz del Gobierno autonómico de Madrid, ha explicado la apertura de la comisión de investigación para conocer si ha habido «quebranto» económico.
De lo que se sabe, por el momento, es que Begoña Gómez no obtuvo rédito económico ya que el software se ofrecía «gratuitamente» a empresas, como afirman fuentes de la Cámara de España a este medio. El organismo presidido por José Luis Bonet ayudó a la difusión de la herramienta cuyo objetivo era la medición sostenible de las acciones de las empresas. No obstante, aunque no hubiera venta, el concurso público costó a la Complutense 60.000 euros más IVA y es esta vía la que se trata de investigar.
La normativa vigente permite la apertura de esta comisión de investigación siempre y cuando fuera un asunto que afecta a la Comunidad de Madrid, y la Complutense es un organismo que forma parte del sistema universitario de Madrid. Asimismo, esta vinculación entre el rector, la cátedra extraordinaria y Begoña Gómez está «haciendo mucho daño a la imagen y la reputación de la Universidad Complutense», según el portavoz del PP.
Carlos García-Pache, portavoz del grupo Popular en la Asamblea de Madrid, puso de manifiesto esta misma línea para tratar de limpiar el buen nombre de la universidad, «que se ha visto salpicada por un escándalo que debemos investigar».
UNA POSIBLE DENUNCIA POR INTRUSISMO PROFESIONAL
Begoña Gómez dirigía la cátedra sin ser licenciada, redactó y firmó los pliegos técnicos en julio de 2023, solo dos días después de las elecciones generales que perdió el PSOE, y se puede enfrentar, además, a una denuncia por «intrusismo profesional» ya que tampoco tiene el título necesario para haber firmado las condiciones técnicas, aunque no se descarta que tuviera ayuda externa.
Asimismo, tras la negativa de Indra, Google y Telefónica a continuar con el proyecto, Begoña Gómez trató de buscar financiación y tras varios portazos se recurrió al concurso público, hecho ‘ad hoc’ exclusivamente para la cátedra, en ningún caso para el lucro personal con las patentes de Begoña Gómez.
A diferencia del novio de Isabel Díaz Ayuso, éste no está señalado por tráfico de influencias, sino por diferencias de criterio con la Agencia Tributaria. De hecho, Alberto González trató de pactar con la Fiscalía una salida al caso. «Es un particular que hizo negocios fuera de la política», apuntan las fuentes consultadas. En el caso de Begoña Gómez, «el presunto tráfico de influencias y la corrupción en los negocios afecta directamente a la Comunidad de Madrid y sus universidades», puntualizan.
UNA CÁTEDRA ENTREGADA BAJO LA EXCEPCIÓN
También recuerdan que el software debió quedarse en el perímetro de la Complutense. Tal y como señalan las condiciones de las cátedras extraordinarias, «cualquier persona física o entidad que realice aportaciones desinteresadas, con o sin vinculación a un proyecto específico, como fondos bibliográficos para la biblioteca o fondos documentales, equipamientos científico-técnicos, software etc… sin necesidad de que se produzca una aportación económica dineraria ni una contraprestación por parte de la Universidad».
«La donación se formalizará mediante la suscripción del correspondiente documento que reconozca y regule las aportaciones efectuadas», indican. De hecho, el documento se firmó, pero la donación -el software- se quedó fuera de la Complutense.
Para designar a Begoña Gómez como directora de la cátedra, la normativa establece una excepción al no ser ni profesora ni personal de administración ni servicios de la Complutense. «El rector, excepcionalmente y por causas justificadas, podrá designar como Director/a de la Cátedra a alguien sin vinculación laboral con la Universidad (incluyendo PDI en Comisión de Servicios, en excedencia, Eméritos o PAS en excedencia)», apunta el reglamento. Por ello, era necesario que se designara a un codirector «con vinculación laboral con la UCM», como es el caso de José Manuel Ruano.
Entre los profesores escogidos se encontraban Juan Carlos Barrabés y el CEO de Barrabés. El empresario está bajo la lupa judicial por otra investigación al acudir y ganar licitaciones públicas en contratos con Red.es con cartas de apoyo de Begoña Gómez.
