Cientos de profesionales del transporte por carretera se manifestarán este viernes en Madrid para exigir la jubilación anticipada. La protesta, convocada por Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadores (UGT), tendrá lugar frente al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, ubicado en la calle José Abascal.
Los sindicatos denuncian que las instituciones han ignorado durante demasiado tiempo las reivindicaciones de un sector fundamental para la economía española.
El deterioro físico, un riesgo para la seguridad vial
Los transportistas llevan años alertando sobre las dificultades que enfrentan los conductores de mayor edad debido al desgaste físico propio de la profesión. Las largas jornadas al volante, la carga y descarga de mercancías y el estrés asociado a la conducción pueden pasar factura, aumentando el riesgo de accidentes.
Entre las reivindicaciones de los transportistas se encuentran:
- Establecimiento de un régimen de jubilación anticipada que tenga en cuenta la penosidad y peligrosidad del sector.
- Reconocimiento de las enfermedades profesionales derivadas de la actividad del transporte por carretera.
- Mejora de las condiciones laborales para garantizar la salud y seguridad de los trabajadores.
Llamamiento a la responsabilidad del Gobierno
La movilización contará con el apoyo de diversos grupos parlamentarios que sí han mostrado su compromiso con la seguridad vial y la salud de los trabajadores. Sin embargo, CCOO y UGT lamentan la negativa tanto del Partido Popular como de Vox a sumarse a la iniciativa, a pesar de la gravedad del asunto.
«Es fundamental que el Gobierno tome medidas urgentes para garantizar la seguridad en nuestras carreteras», declaró un portavoz de los transportistas. «No podemos permitir que se ponga en riesgo la vida de los profesionales del volante ni la del resto de ciudadanos».
La manifestación de este viernes promete ser una de las más multitudinarias del sector en los últimos años. Se espera que la presión ejercida por los sindicatos y los propios trabajadores obligue al Gobierno a tomar cartas en el asunto y a negociar un marco legal que proteja a los conductores y garantice la seguridad vial en España.
