El Congreso de los Diputados se enfrenta este martes, 11 de junio, a una nueva votación crucial: la toma en consideración de una proposición de ley proveniente del Parlamento gallego. Esta iniciativa, la cuarta en los últimos ocho años, busca la transferencia a Galicia de la autopista de peaje AP-9, una infraestructura vital que recorre el eje atlántico de la comunidad, vertebrando su territorio.
Como es habitual en estos casos, una delegación del Parlamento gallego, compuesta por los portavoces del PPdeG, BNG y PSdeG, estará presente en el debate en la Cámara Baja.
La AP-9: una infraestructura clave para Galicia
Esta nueva propuesta, impulsada por el PP gallego liderado por Alfonso Rueda, llega tras un acuerdo con la dirección nacional del partido, que ha confirmado su apoyo a la toma en consideración de la norma. El PSdeG, a través de su líder José Ramón Gómez Besteiro, también ha anunciado su respaldo a la tramitación de la ley. Sin embargo, el ministro de Transportes, el socialista Óscar Puente, ha enfriado las expectativas al advertir que la transferencia de la AP-9 «no es sencilla», si bien se ha comprometido a mantener las actuales bonificaciones en los peajes.
Por su parte, el BNG, a través de su diputado Néstor Rego, votará a favor de la transferencia, una reivindicación histórica de la formación nacionalista. De hecho, el BNG ha presentado esta misma semana una moción en la que insta al Gobierno a la anulación de la prórroga de la concesión de la autopista a Audasa hasta 2048. En su lugar, abogan por la gestión directa de la infraestructura por parte del Estado, la supresión de los peajes y, por supuesto, la transferencia a Galicia.
Esta unidad política en Galicia contrasta con los fracasos en las Cortes Generales. En 2016, 2017 y 2018, iniciativas similares no prosperaron en su tramitación en el Congreso.
Argumentos para la transferencia
El Parlamento gallego, en la exposición de motivos de la proposición de ley, argumenta que la AP-9 vertebra un territorio donde reside el 65% de la población gallega. Los peajes, por tanto, suponen «una penalización» para los ciudadanos y la economía gallega, agravada por las sucesivas modificaciones del convenio entre el Estado y Audasa, la concesionaria de la autopista.
La propuesta gallega incluye un punto especialmente relevante: que sea la Administración General del Estado quien asuma las posibles consecuencias económicas derivadas de una hipotética anulación de la prórroga de la concesión a Audasa. Esta prórroga, que se extiende hasta 2048, está siendo analizada por la justicia europea por una posible infracción de la normativa comunitaria en materia de competencia.
La votación de este martes se presenta, por tanto, como un nuevo capítulo en la larga lucha de Galicia por la transferencia de la AP-9. La unidad política en Galicia, con todos los partidos a favor, contrasta con la incertidumbre en el Congreso, donde el resultado de la votación sigue siendo una incógnita.
