En un nuevo giro en la investigación judicial relacionada con presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos de Red.es, entidad pública adscrita al Ministerio para la Transformación Digital, el juez Juan Carlos Peinado ha suspendido las declaraciones previstas de varios cargos relevantes de la institución. Esta decisión se ha tomado después de que la Fiscalía Europea anunciara su intención de asumir parte de la investigación que afecta a una Unión Temporal de Empresas (UTE) vinculada a fondos europeos.
La situación se ha desencadenado a raíz de una denuncia interpuesta por la organización Manos Limpias contra Begoña Gómez, figura destacada en el ámbito político y empresarial. La denuncia apunta a posibles irregularidades en la adjudicación de contratos a empresas vinculadas al empresario Juan Carlos Barrabés, quien presuntamente habría recibido «recomendaciones o avales» de Gómez para obtener dichos contratos.
Implicación de la Fiscalía Europea y Suspensión de Declaraciones
La decisión del juez Juan Carlos Peinado de suspender las declaraciones de varios cargos de Red.es se ha producido después de que la Fiscalía Europea (EPPO) anunciara que asumía la parte de la investigación relacionada con una UTE en la que participó una sociedad del empresario Juan Carlos Barrabés financiada con fondos europeos. Entre los cargos cuyas declaraciones fueron suspendidas se encuentran David Cierco, consejero delegado de Red.es, y Alberto Martínez Lacambra, exdirector general de la misma entidad.
La implicación de la Fiscalía Europea se produjo una semana después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se personara en la sede de Red.es para recabar información sobre contratos adjudicados a Barrabés, relacionados con la investigación por orden de la Fiscalía Europea. Esta acción refuerza la sospecha de posibles irregularidades en la adjudicación de contratos financiados con fondos comunitarios.
Es importante destacar que el pasado 26 de abril, la Fiscalía Europea ya había mostrado interés en la causa, preguntando al juez Peinado si el procedimiento afectaba a contratos suscritos con fondos europeos. En un decreto al que tuvo acceso Europa Press, la EPPO solicitó información detallada sobre los hechos investigados y la posible implicación de la UTE formada por Innova Next SLU, propiedad de Barrabés, y otras empresas.
Alcance de la Investigación y Contratos Bajo Sospecha
La investigación judicial en curso abarca procesos de adjudicación de distintos contratos por parte de Red.es, incluyendo aquellos otorgados a la UTE compuesta por Innova Next, sociedad del Grupo Barrabés, Escuela de Negocios The Valley y otras empresas. Estos contratos han despertado sospechas debido a las presuntas irregularidades en su adjudicación y la posible influencia de Begoña Gómez en beneficio de Barrabés.
Según las fuentes consultadas, la Fiscalía Europea ha decidido ejercer su competencia para investigar estos contratos, lo que implica un mayor escrutinio y una posible ampliación del alcance de la investigación. La participación de la Fiscalía Europea sugiere que los fondos europeos utilizados en la financiación de estos contratos podrían haber sido objeto de irregularidades o malversación.
La suspensión de las declaraciones de los cargos de Red.es muestra la complejidad del caso y la necesidad de una investigación exhaustiva. Los fiscales delegados Laura Pellón, Luis Miguel Jiménez y Antonio Zárate han solicitado al juzgado que les remita toda la documentación relevante para poder evaluar la situación y determinar si existen indicios suficientes de irregularidades en la adjudicación de contratos con fondos europeos.
Implicaciones y Próximos Pasos en la Investigación
La entrada de la Fiscalía Europea en esta investigación podría marcar un punto de inflexión en el caso. Su participación podría llevar a una mayor transparencia y un mayor control sobre los procesos de adjudicación de contratos financiados con fondos comunitarios. Asimismo, su intervención podría reforzar la lucha contra la corrupción y las prácticas irregulares en el ámbito de la contratación pública.
A medida que la investigación avance, es probable que se soliciten más declaraciones y documentación a los cargos implicados y a las empresas involucradas. La Fiscalía Europea tendrá la tarea de analizar exhaustivamente toda la información recopilada y determinar si existen pruebas suficientes de irregularidades o delitos relacionados con el uso indebido de fondos europeos.
En caso de detectarse irregularidades, las consecuencias legales podrían ser significativas tanto para las personas físicas como para las empresas involucradas. Además, este caso podría sentar un precedente importante en cuanto a la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión de fondos públicos, especialmente aquellos provenientes de la Unión Europea.
