Patricia Ramírez, madre del pequeño Gabriel Cruz, asesinado en 2018, comparecerá el 11 de junio ante la Comisión de Interior del Senado. Su objetivo: exponer las irregularidades que, según denuncia, se están produciendo en la prisión de Brieva (Ávila) donde Ana Julia Quezada, autora del crimen, cumple condena.
Ramírez denuncia la supuesta intención de Quezada de lucrarse con la producción de un documental o serie televisiva sobre el caso, vulnerando presuntamente los derechos de las víctimas.
Denuncia irregularidades y lucha por la protección de la imagen de su hijo
Durante su intervención, Patricia Ramírez tiene previsto revelar las deficiencias en el cumplimiento del estatuto de la víctima, tanto por acción como por omisión. Además, expondrá las irregularidades que, a su juicio, se están produciendo en la prisión de Brieva e Instituciones Penitenciarias, así como las acciones legales emprendidas y la denuncia de diversos hechos presuntamente delictivos.
Ramírez solicitará medidas urgentes para investigar los hechos, depurar responsabilidades y resolver la situación económica derivada de la responsabilidad civil de medio millón de euros que le fue impuesta a la asesina de su hijo, la cual aún no habría sido satisfecha.
Sin embargo, la mayor preocupación de Patricia Ramírez se centra en la protección de la memoria de su hijo y en la prevención de un daño mayor a su familia. Denuncia la intención de Ana Julia Quezada de lucrarse con la producción de un documental, vulnerando sus derechos y los de su familia. Teme que Quezada aproveche la plataforma mediática para difundir una versión distorsionada de los hechos, causando un dolor irreparable a su familia.
Ramírez, quien ha iniciado la campaña «Nuestros peces no se venden», busca concienciar a la sociedad sobre la importancia de proteger la imagen de los menores víctimas de crímenes, especialmente ante el auge de documentales y series que revictimizan a las familias y pueden llegar a obstaculizar los procesos judiciales.
La comparecencia de Patricia Ramírez ante el Senado busca no solo justicia para su hijo, sino también una mayor protección para las familias de las víctimas, evitando que se repitan casos como el suyo. Su lucha constante por la dignidad de Gabriel y su determinación por evitar la explotación económica del crimen la han convertido en un símbolo de la lucha contra la revictimización y en una voz crucial en la demanda de una justicia más humana y respetuosa con el dolor de las víctimas.
