La talidomida es una droga que fue comercializada a partir de la década de 1950 como sedante y antiemético, especialmente para aliviar los síntomas del embarazo. Sin embargo, esta sustancia causó graves defectos de nacimiento en los hijos de mujeres que la consumieron durante el embarazo. En España, se estima que hubo alrededor de 3.000 víctimas de la talidomida durante el período comprendido entre 1950 y 1985.
Tras años de lucha y reivindicación, las víctimas de la talidomida en España han logrado algunos avances significativos en el reconocimiento de su situación y la obtención de ayudas por parte de las autoridades. Uno de los hitos recientes es la aprobación en el Senado de una proposición de ley para la exención fiscal de las ayudas recibidas por estas personas.
La Propuesta de Exención Fiscal: Un Paso Hacia la Equidad
El Partido Popular (PP) ha presentado en el Senado una proposición de ley para la exención fiscal de las ayudas recibidas por las víctimas de la talidomida en España. Esta iniciativa ha contado con el apoyo de los socios parlamentarios del Gobierno, como Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Euskal Herria Bildu (EH Bildu), Partido Nacionalista Vasco (PNV) y Junts per Catalunya (Junts).
La propuesta busca añadir a partir de 2025 un apartado a la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y modificar parcialmente las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio. De esta manera, se pretende garantizar que las ayudas previstas para las víctimas de la talidomida estén exentas de tributación, incluso con carácter retroactivo desde la entrada en vigor de la modificación legal.
Esta iniciativa es un paso importante para aliviar la carga fiscal que enfrentan las víctimas de la talidomida, quienes han sufrido enormes dificultades y gastos a lo largo de sus vidas. La exención fiscal permitiría que estas personas puedan disfrutar de una mayor equidad y justicia en el sistema tributario, al ver reconocida su particular situación y recibir un trato diferenciado por parte de la Administración.
El Papel del Gobierno: Entre la Preocupación y la Responsabilidad
Sin embargo, el Gobierno ha comunicado al Senado su disconformidad con esta iniciativa, alertando de que la aprobación de la proposición de ley podría producir una disminución de los ingresos presupuestarios.
Esta posición del Ejecutivo refleja la tensión existente entre la necesidad de apoyar a las víctimas de la talidomida y las consideraciones fiscales y presupuestarias. Por un lado, el Gobierno reconoce la importancia de brindar asistencia y reconocimiento a estas personas, pero, por otro, se muestra preocupado por el impacto que la exención fiscal podría tener en los ingresos públicos.
Es fundamental que el Gobierno encuentre un equilibrio entre sus responsabilidades económicas y su compromiso de justicia social. Las víctimas de la talidomida han sufrido durante décadas y merecen un trato justo y equitativo por parte de las autoridades. La exención fiscal propuesta por el PP podría ser un mecanismo eficaz para aliviar la carga que enfrentan estas personas, siempre y cuando se logre una solución que no comprometa gravemente la sostenibilidad de las finanzas públicas.
En este contexto, se espera que el Congreso pueda rechazar o aprobar la iniciativa para que siga su tramitación en las Cortes, buscando una solución equilibrada que satisfaga tanto las demandas de las víctimas como las consideraciones fiscales del Gobierno.
