El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, se ha mostrado este jueves «perfectamente dispuesto» a mantener el término ‘familias numerosas’ en la Ley de Familias si el PP la apoya.
«En esa ley se amplía los supuestos en los que se puede acceder a la categoría especial, es decir, hay toda una serie de mejoras concretas en la Ley de Familias, pero si el problema es este y si esto va a permitir que el Partido Popular se sume a un consenso amplio y transversal sobre la ley, yo estoy perfectamente dispuesto a asumir esas modificaciones», ha asegurado Bustinduy, sobre el cambio de nombre de ‘familia numerosa’ por ‘familias con mayores necesidades de apoyo a la crianza’ que incluye la norma.
En este sentido, el ministro ha recordado que se trata de una reivindicación que se ha expresado por parte de asociaciones de familias numerosas que no están de acuerdo con la «ampliación del concepto». «Cuyo objetivo es perfectamente razonable y comprensible, que es aumentar el número de familias y los tipos de familias que están recogidas por la protección social y económica de las familias por parte de los poderes públicos en España», ha explicado. En todo caso, ha apuntado que «es un cambio de denominación, porque la situación de las familias numerosas mejora».
Respecto a cuando estará lista la Ley de Familias, el ministro ha dicho que, si dependiera de su voluntad, habría sido «ya», pero que espera que se despliegue la «agenda social» una vez terminado el ciclo electoral.
«Pues si dependiera de mi voluntad, habría sido ya, pero espero que la tramitación parlamentaria, una vez terminado este ciclo electoral constante, que es lícito y legítimo, que condicione las preferencias y las prioridades de los actores políticos y parlamentarios, una democracia funciona así, es normal, es legítimo y es lícito. Pero creo que es hora de hacer desplegar de una vez la agenda social en este país, que creo que fue un mandato esencial que salió de las urnas el 23 de julio», ha subrayado.
En cuanto a la ampliación del permiso de paternidad de 16 a 20 semanas, el ministro ha señalado que se trata de un compromiso de Gobierno y que sí que se hará todo de golpe. «La razón por la que no ha sucedido todavía y por la que no tiene un calendario de implementación es muy sencilla, presupuestos generales del Estado, como cayeron los presupuestos del año 24, esta medida no se ha podido aterrizar todavía, pero es un compromiso recogido», ha agregado.
Además, ha recordado que este compromiso del Gobierno estará en la mesa de negociación de los presupuestos del 25. «Hay que estudiar, si no se podría, que es algo que yo he defendido desde el primer momento, si no se podría por lo menos empezar esa senda incluso sin tener los presupuestos aprobados, de momento no ha podido ser posible, yo voy a seguir insistiendo con ello, pero esto va a suceder», ha precisado.
Igualmente, ha dicho que va a suceder la retribución del permiso parental de cuidados que, tal como y figura en la Directiva (UE) del Parlamento, el límite para empezar con esta ayuda es el 2 de agosto de 2024. «Creo que debe ser un compromiso, una prioridad absoluta y urgente y que se debe adoptar ya», ha afirmado.
También se ha referido a la prestación por crianza de 200 euros por hijo. Bustinudy ha recordado que se trata de una medida que va a llevar Sumar a la mesa de negociación de los presupuestos. «Se basa en un hecho inaceptable, la cuarta economía de la zona euro no puede consentir y tolerar que el 33% de sus niños y niñas vivan en situación de pobreza o exclusión social», ha recalcado.
En este sentido, ha apuntado que, según la experta Olga Cantó, de la Universidad de Alcalá de Henares, se estima que esta prestación de 200 euros por hijo hasta los 18 años «reduciría la pobreza infantil un 50% y del otro 50% reduciría la intensidad de la pobreza en un 40%».
LA «CLAVE» DE LA PRESTACIÓN POR CRIANZA ES «QUE NO SEA UNA AYUDA»
Asimismo, preguntado por si las rentas universales son «justas», el titular de Derechos Sociales ha expuesto que la «clave» es que «no sea una ayuda». «Que no sea una ayuda que te conceden tras demostrar que te está yendo mal, que estás en una situación inviable, que tengas que presentar toda una serie de burocracia y de papeles para poder justificar que eres pobre y que necesitas una ayuda», ha indicado.
Además, ha añadido que «se trata de generar un derecho de ciudadanía» y que, por lo tanto, el CEO de una multinacional va a cobrar 200 euros que no necesita, «exactamente igual que tiene derecho a ir a un hospital público o a llevar a sus hijos a una escuela pública».
«El modelo no debe ser el del asistencialismo y un sistema fiscalizador para demostrar que alguien es pobre para recibir una ayuda social. Tiene que ser generar una sociedad en la que los mínimos de bienestar estén garantizados para todo el mundo y que se financie de manera justa y equitativa por parte de quienes más tienen, por parte de los grandes patrimonios y por parte de las grandes empresas», ha explicado.
