En un escrito presentado recientemente, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, defiende la aplicación de la ley de amnistía a la malversación atribuida al expresidente catalán Carles Puigdemont y otros líderes del ‘procés’. Este posicionamiento ha generado controversia y desacuerdos con los fiscales del Tribunal Supremo. A lo largo de 133 páginas, García Ortiz argumenta a favor de la amnistía y aboga por levantar las medidas cautelares pendientes, incluida la orden de detención activa contra Puigdemont.
Defensa de la Amnistía por el Fiscal General del Estado
En su escrito, el fiscal general sostiene que los argumentos presentados por los fiscales del ‘procés’ para oponerse a la aplicación de la ley de amnistía a la malversación son insuficientes. Contradiciendo el criterio de los fiscales del Tribunal Supremo, García Ortiz argumenta que el ánimo de lucro exigido para el delito de malversación no equivale necesariamente al enriquecimiento personal de carácter patrimonial. Según su interpretación, los hechos no habrían tenido un impacto directo en los intereses financieros de la Unión Europea.
Consideraciones sobre el Enriquecimiento y la Malversación
En su análisis, el fiscal general critica la falta de distinción entre ánimo de lucro y enriquecimiento en los argumentos de los fiscales del ‘procés’. Subraya que, según la sentencia del Supremo, los fondos públicos se habrían administrado de forma desleal con el objetivo exclusivo de celebrar un referéndum de autodeterminación, sin otros intereses crematísticos por parte de los encausados. Es por ello que defiende que esta conducta debería considerarse amnistiada según la ley vigente.
Análisis de la «Presunta Inconstitucionalidad» y la Imagen del Ministerio Fiscal
García Ortiz señala que los argumentos presentados por los fiscales del ‘procés’ sobre la posible inconstitucionalidad de la ley de amnistía resultan incompletos y desbordan el plano estrictamente jurídico. Cuestiona la necesidad de valoraciones que comprometan la neutralidad del Ministerio Fiscal y destaca la importancia de abordar el juicio de constitucionalidad con base en los parámetros constitucionales establecidos por la jurisprudencia correspondiente.
Futuro de la Decisión y Reacciones Anticipadas
Ante la postura del fiscal general a favor de aplicar la amnistía, los fiscales del Supremo han manifestado su intención de convocar a la Junta de Fiscales para discutir las dos posturas divergentes. Si bien García Ortiz tiene la facultad de imponer su criterio, los firmantes pueden negarse a firmar el decreto si así lo decide. A pesar de las discrepancias, los fiscales del Supremo consideran viable aplicar la amnistía a otros delitos relacionados con el proceso independentista catalán.
Tras el decreto del fiscal general, se espera que los fiscales del Supremo emitan una respuesta formal de acuerdo o desacuerdo. Este proceso podría desembocar en la celebración de la Junta de Fiscales para abordar la discrepancia, si es invocado el artículo correspondiente del Estatuto. En medio de estas tensiones, García Ortiz critica la anticipación de discrepancias por parte de los fiscales del Supremo, sin haber conocido previamente el contenido y fundamentos de la orden emitida.
