La Audiencia Nacional tiene previsto juzgar a 13 individuos acusados de formar parte de una trama organizada dedicada a la adquisición fraudulenta de gasóleo B, un tipo de combustible con una carga impositiva reducida debido a sus usos específicos. Esta red criminal se dedicaba a transformar este gasóleo B para comercializarlo posteriormente como gasóleo de uso general, evadiendo así el pago de impuestos y obteniendo beneficios millonarios.
El Ministerio Público los acusa de delitos de pertenencia a organización criminal y hasta nueve delitos contra la Hacienda Pública, solicitando penas de prisión de hasta 36 años y medio para los principales implicados.
La investigación, que ha recibido el nombre de «trama Alvarado», destapó una compleja red empresarial con ramificaciones por todo el territorio nacional. Esta organización, activa desde 2009, adquiría grandes cantidades de gasóleo B a través de una empresa interpuesta llamada Petrovelez, la cual desviaba este combustible desde su propio almacén fiscal sin generar facturas.
¿Cómo conseguían la transformación del combustible? La trama contaba con un centro clandestino situado en Pinos Puente (Granada), donde el gasóleo B se sometía a un proceso para eliminar su trazabilidad y hacerlo pasar como gasóleo A, apto para su venta en estaciones de servicio convencionales.
El impacto del fraude millonario
El beneficio para la organización criminal residía en la diferencia de precio entre el gasóleo B, que había soportado una menor carga impositiva, y el gasóleo A, que se vendía a un precio mayor debido a los impuestos aplicables. Esta diferencia en la carga impositiva, que se apropiaba la trama, les permitió acumular ganancias millonarias a costa del erario público.
Las cifras del fraude son contundentes: 2,3 millones de euros en impuestos especiales, 2 millones de euros en IVA y 677.000 euros en el impuesto de sociedades, únicamente entre los años 2012 y 2014.
Esta trama, liderada por José Alvarado Martín, pone de manifiesto la sofisticación de las organizaciones criminales que operan en el ámbito económico, aprovechando las lagunas legales y la complejidad de los sistemas fiscales para lucrarse ilícitamente. El juicio que está por venir será crucial para depurar responsabilidades y sentar un precedente en la lucha contra el fraude fiscal en el sector de los hidrocarburos.
