La estafa inmobiliaria que se juzga en la Audiencia Provincial de Palma esta semana revela las artimañas de una familia que habría defraudado a más de una decena de víctimas en la isla. La Fiscalía solicita penas de hasta ocho años de prisión para los miembros de la familia, quienes habrían utilizado una empresa domiciliada en Es Rafal Nou para ofrecer a sus víctimas la compra de inmuebles a precios aparentemente muy competitivos, solo para quedarse con los depósitos y arras sin tener intención alguna de ejecutar las operaciones.
El montante defraudado supera el medio millón de euros, siendo las víctimas principalmente personas con pocos recursos económicos. La investigación ha revelado que la familia utilizaba tarjetas prepago y geolocalizadores para evitar ser rastreados, llegando incluso a vivir en su vehículo para huir de las autoridades. El juicio, que se extenderá por varios días, permitirá conocer más detalles sobre los intrincados mecanismos de esta red criminal.
Las Artimañas de la Familia Acusada
Engaños y Evasivas a las Víctimas
Según los testimonios presentados, la principal acusada, identificada como una mujer de 41 años, ejercía las funciones de agente inmobiliaria y era muy conocida en determinados barrios de Palma. Varias de las víctimas, entre ellas un dueño de restaurante en Son Gotleu, declararon haber sido contactados por la mujer ofreciéndoles la compra de inmuebles a precios muy atractivos.
En el caso del dueño de restaurante, éste afirmó haber cerrado un acuerdo con la acusada para adquirir dos pisos por 55.000 euros, pagando 27.500 euros en concepto de arras. Sin embargo, cuando llegó el momento de la firma, la mujer le informó que no podían hacerlo «porque la dueña estaba en el hospital», realizando una prórroga. Más tarde, el denunciante se encontró con que el piso estaba siendo reformado por otra persona que lo había comprado directamente a la propietaria. Ante los reclamos del afectado, la acusada intentó «calmarlo» con evasivas, hasta que finalmente reconoció haber «perdido el piso» y le entregó dos cheques sin fondos como compensación.
Operaciones Simuladas y Desaparición de Rastros
Otro caso expuesto en el juicio fue el de un joven que quiso comprar un piso en Verge de Lluc para su residencia habitual. En esta ocasión, la acusada recibió 15.000 euros en transferencia y 20.000 en efectivo, sin que se llegara a firmar un contrato de arras. Cuando el denunciante intentó ponerse en contacto con la mujer, ésta no respondía y no consta que hiciera gestión alguna para la compraventa.
La Fiscalía sostiene que a través de la empresa domiciliada en Es Rafal Nou, la familia ofrecía a las víctimas la adquisición de inmuebles urbanos, principalmente viviendas, a precios muy competitivos, solo para quedarse con los depósitos y arras sin tener intención de ejecutar las operaciones. Además, los agentes encontraron que las cuentas de los sospechosos y de la empresa estaban perpetuamente en números rojos, retirando automáticamente cualquier ingreso que recibieran, lo que sugiere que el destino final del dinero defraudado no pudo ser rastreado.
Detención y Modus Operandi de la Familia Acusada
Viviendo en un Vehículo y Utilizando Tarjetas Prepago
La familia fue detenida en una gasolinera de la provincia de Cádiz, tras ser geolocalizados por la Policía Nacional a través de la señal de sus teléfonos móviles. Según los agentes, los tres acusados, junto a un menor de edad y un perro, estaban viviendo en el coche, y utilizaban tarjetas prepago para sus comunicaciones, con líneas adquiridas hacía escasos días.
En los teléfonos, los agentes encontraron mensajes de texto de compañías de teléfono de países considerados de riesgo en cuanto a blanqueo de capitales, lo que sugiere que la familia estaba utilizando métodos sofisticados para ocultar sus actividades.
Retirada Inmediata del Dinero Defraudado
El examen de las cuentas de los sospechosos y de la empresa reveló que éstas se encontraban perpetuamente en números rojos, con una operativa de recibir y retirar el dinero en efectivo de manera inmediata. Según el oficial que investigó las cuentas, los movimientos no parecían compatibles con una actividad mercantil normal, sino más bien con una estrategia diseñada para evitar dejar rastro del dinero defraudado.
Además de las responsabilidades individuales de los tres acusados, la Fiscalía solicita que se imponga a la mercantil una multa de tres millones de euros y que se devuelva a las víctimas las cantidades defraudadas más intereses.
El juicio, que durará varios días, continuará este martes con más testimonios de víctimas, antes de que los acusados declaren en última instancia. Este caso pone de manifiesto la necesidad de reforzar los mecanismos de control y prevención de este tipo de delitos, así como de brindar una adecuada protección a los consumidores más vulnerables.
