La situación en torno a los retrasos en la vacunación contra el coronavirus de los policías y guardias civiles destinados en Cataluña ha sido objeto de una investigación exhaustiva por parte del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). Después de que la entonces consellera de Salud, Alba Vergés, dejara de ser aforada al no ser diputada del Parlament en la nueva legislatura, el TSJC ha devuelto la causa al Juzgado de Instrucción 17 de Barcelona, que ya se había encargado de investigar el caso antes de que la imputación a Vergés lo hiciera trasladarse a este tribunal.
En febrero, el instructor había pedido al TSJC que se hiciera cargo de la causa para poder investigar a Vergés, quien en ese momento era aforada por su cargo de vicepresidenta del Parlament. Tras asumir la causa, el TSJC ha considerado que ya no procede su intervención, ya que Vergés ha perdido su condición de aforada, y ha decidido devolver el caso al juzgado de instrucción para que continúe con la investigación.
Las Declaraciones de los Altos Cargos Implicados
En el marco de esta investigación, se han recogido las declaraciones de diversos altos cargos de la Consellería de Salud, entre ellos el exconseller Josep Maria Argimon, el exdirector del CatSalut Adrià Comella, el entonces director de Servicios de Salud Xavier Rodríguez Guasch, y el exsecretario general de Salud Marc Ramentol.
Según lo declarado por Ramentol, la decisión de paralizar la vacunación de los policías y guardias civiles en Cataluña fue una decisión «colegiada» en la que participaron Vergés, Argimon y Comella. Ramentol afirmó que esta decisión fue «dialogada, discutida, debatida y consensuada» entre estos tres responsables.
Las Evidencias Documentales
Además de estas declaraciones, la investigación ha recabado evidencias documentales que respaldan la participación de Vergés en la decisión de suspender la vacunación ya programada. Entre estas pruebas, se encuentran mensajes de Whatsapp en los que una asesora de Vergés le informaba a la secretaria de Salud Pública y entonces subdirectora general de promoción de la salud, Carmen Cabezas, que la consellera quería parar la vacunación de la Guardia Civil y la Policía Nacional.
Asimismo, el instructor ha señalado que el ritmo de vacunación a los policías y guardias civiles fue «muy diferente» del que tuvieron los cuerpos de emergencias de la Generalitat, lo que apuntaría a una «decisión arbitraria, ilegal, injusta y discriminatoria» adoptada por los altos cargos del departamento de Salud.
La investigación del TSJC ha puesto de manifiesto la implicación de altos responsables de la Consellería de Salud, entre ellos la ex-consellera Alba Vergés, en la paralización de la vacunación de los policías y guardias civiles en Cataluña, una decisión que habría sido «colegiada» y que estaría respaldada por evidencias documentales.
