El Pleno del Congreso debatirá y votará este martes una proposición de ley del PSOE para que los funcionarios de las prisiones españolas sean considerados agentes de la autoridad, una reivindicación histórica de este colectivo que se intensificó tras el reciente asesinato de una cocinera en la cárcel de Mas d’Enric (Tarragona).
Con esta reforma legal, los socialistas buscan modificar el artículo 80 de la Ley General Penitenciaria para otorgar a los funcionarios de Instituciones Penitenciarias, en el ejercicio de sus funciones, el carácter de Agentes de la Autoridad. Esto les permitirá identificar su condición con su número de registro profesional en procesos administrativos y judiciales relacionados con su actividad profesional.
Seguridad jurídica y protección para los funcionarios de prisiones
Esta iniciativa busca dar respuesta a las principales reivindicaciones de los funcionarios de prisiones, ya que, al ser declarados agentes de la autoridad, se otorga seguridad jurídica a su trabajo y se evita la disparidad en las decisiones judiciales.
Con esta ley se pretende garantizar la protección e indemnización de los funcionarios de prisiones en caso de agresión. Los informes emitidos por los funcionarios que presencien agresiones constituirán base suficiente para tomar medidas disciplinarias, salvo prueba en contrario.
La ley también garantiza la separación de los funcionarios de prisiones de otro tipo de internos en caso de que sean ingresados en prisión por una sentencia condenatoria.
Además, se propone proteger a los funcionarios de prisiones con una indemnización, por parte de la Administración, en el caso de que sufran daños materiales o personales como consecuencia de su actividad profesional, siempre y cuando no se haya producido una negligencia grave.
Una lucha por el reconocimiento de la labor penitenciaria
Esta no es la primera vez que una ley de este tipo se debate en el Congreso. En marzo de 2022, una propuesta similar de los socialistas ya fue respaldada por la mayoría de los grupos parlamentarios, pero la disolución de las Cortes provocó que la reforma no llegara a buen término.
Tanto el PP como Vox también han presentado sus propias proposiciones de ley para reconocer la condición de agentes de la autoridad para los funcionarios penitenciarios.
