La defensa de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno español, ha presentado serias acusaciones contra el juez instructor Juan Carlos Peinado, alegando una violación del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. Este caso, que ha generado gran interés mediático, se centra en la investigación sobre presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. La controversia surge a raíz de la decisión de la Fiscalía Europea de asumir parte de la causa, lo que ha generado confusión sobre los hechos concretos que aún se investigan en el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid.
La Complejidad de la Investigación y la Inhibición Parcial
El origen de la causa se encuentra en una denuncia presentada por Manos Limpias, que señalaba tres bloques de hechos presuntamente delictivos. La Audiencia Provincial de Madrid, tras analizar la solicitud de archivo por parte de la Fiscalía, determinó que solo existían indicios suficientes para investigar uno de los bloques: la adjudicación de contratos por parte de Red.es a una UTE de la que formaba parte Innova Next, empresa vinculada al empresario Juan Carlos Barrabés. Posteriormente, el juez Peinado se inhibió parcialmente en favor de la Fiscalía Europea en relación a este último bloque, argumentando la posible afectación de fondos europeos.
Esta inhibición parcial, sin embargo, no ha estado exenta de polémica. La defensa de Gómez, liderada por el exministro del Interior Antonio Camacho, critica la falta de claridad en la resolución judicial, que no define con precisión qué aspectos de la causa se mantienen bajo la jurisdicción española. Esta ambigüedad, según argumenta Camacho, genera una profunda indefensión para su representada, que desconoce los hechos concretos que se le imputan y que, por tanto, no puede preparar adecuadamente su defensa.
La Necesidad de Claridad y Transparencia para Garantizar un Juicio Justo
La defensa de Gómez insiste en que la falta de concreción sobre los hechos investigados vulnera el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, consagrado en la Constitución Española y en diversas normas europeas e internacionales. Este derecho implica, entre otras garantías, el derecho a conocer la acusación, a ser informado de los hechos concretos que se le imputan y a disponer del tiempo y los medios necesarios para preparar su defensa.
El escrito presentado por la defensa de Gómez solicita al juez instructor que aclare de forma precisa y detallada qué hechos concretos se mantienen bajo su investigación, excluyendo aquellos que ya son competencia de la Fiscalía Europea. La resolución de esta cuestión resulta crucial para garantizar un proceso judicial justo y equitativo, respetuoso con los derechos fundamentales de todas las partes implicadas. La falta de transparencia y la ambigüedad en este tipo de casos solo contribuyen a generar desconfianza en el sistema judicial y a socavar el principio de seguridad jurídica.
