La Ley de Concordia, impulsada por el PP y Vox en la Comunitat Valenciana, ha generado un intenso debate político. Esta norma, que busca regular el reconocimiento de las víctimas del terrorismo y la violencia política, se ha visto empañada por la reciente suspensión cautelar de la Ley de Memoria Democrática de Aragón, que también pretendía regular este ámbito. La polémica se centra en si la ley valenciana, al igual que la aragonesa, podría incurrir en una vulneración de la Constitución y los tratados internacionales.
En este contexto, se han generado fuertes críticas hacia el gobierno valenciano, acusándolo de seguir un camino similar al de Aragón y, por lo tanto, de riesgo de ser anulada. La oposición ha aprovechado la oportunidad para presionar al PP y a Vox, instándolos a paralizar la aprobación de la ley valenciana y reconsiderar su contenido.
¿La Ley de Concordia es realmente comparable a la Ley Aragonesa?
El PP y Vox defienden que la Ley de Concordia valenciana es una norma diferente a la ley aragonesa, argumentando que se trata de una nueva ley que busca establecer un marco de reconocimiento para todas las víctimas, incluyendo las del terrorismo y la violencia política. Sin embargo, la oposición considera que la ley valenciana es una «clara vulneración de la Constitución Española» y que, al igual que la aragonesa, podría ser susceptible de ser anulada por el Tribunal Constitucional.
El síndic del PP, Miguel Barrachina, ha asegurado que la ley de Concordia «no solo preserva los derechos de todas las víctimas reconocidas, sino que amplía ese reconocimiento y trato a los crímenes después en democracia». Asimismo, ha remarcado que «las familias de víctimas de ETA tienen el mismo derecho a seguir peleando por la memoria de sus familiares».
Por su parte, el síndic de Vox, José María Llanos, ha destacado que la Ley de Concordia valenciana «acoge la igualdad de todos los españoles y considera exactamente igual a todas las víctimas». También ha defendido que la norma mantiene el reconocimiento de los vestigios y se permite finalizar las exhumaciones en marcha. «Entendemos que nuestra ley de Concordia no es comparable con la de Aragón», ha agregado.
Presión de la oposición para paralizar la Ley de Concordia
A pesar de las declaraciones del PP y Vox, la oposición ha intensificado las críticas y ha exigido la paralización de la Ley de Concordia. El PSPV, liderado por José Muñoz, ha reprochado a Mazón por «retrasar» la aprobación de la ley para evitar coincidir con las elecciones europeas y ha asegurado que ahora tiene «una oportunidad para paralizar y retirar la ley en la Comunitat Valenciana».
Asimismo, Muñoz ha señalado que «los precedentes son muy negativos tanto en materia internacional» como por la respuesta judicial. «Desde aquí le decimos al presidente del PP más radical de toda España» que se «enmiende a sí mismo la plana».
Por su parte, la portavoz adjunta de Compromís, Isaura Navarro, ha expresado que la ley valenciana podría tener «el mismo futuro» que la aragonesa, al considerarla una «clara vulneración de la Constitución Española». Navarro ha afirmado que la ley es «vulneradora de tratados en materia de derechos humanos» y que «por encima del resto está el derecho internacional humanitario».
La Ley de Concordia valenciana se encuentra en el ojo del huracán. La polémica generada por la suspensión de la ley aragonesa ha despertado las alarmas y ha intensificado la presión sobre el gobierno valenciano. La oposición ha utilizado la situación para presionar al PP y a Vox, mientras que estos defienden la validez de su norma. La batalla legal y política se intensifica, y solo el tiempo dirá si la Ley de Concordia valenciana finalmente se aprueba o se convierte en otro caso similar al de Aragón.
