El PCE (Partido Comunista de España) ha presentado una denuncia ante la Fiscalía contra el presidente del Parlamento balear, Gabriel Le Senne, por un presunto delito de odio. Según la formación, Le Senne rompió durante una sesión plenaria una fotografía de la sindicalista y víctima del franquismo, Aurora Picornell.
La denuncia argumenta que Picornell, militante y dirigente del Partido Comunista en Mallorca, fue torturada, asesinada y arrojada a una fosa común por el bando franquista junto con las Roges del Molinar. Por lo tanto, la acción de Le Senne, diputado autonómico de Vox, podría constituir un delito de odio.
Infracción de la Normativa sobre Memoria Histórica
Según la denuncia presentada por el PCE, el comportamiento de Le Senne supone una infracción grave de la normativa sobre memoria histórica, tanto a nivel estatal como autonómico. La Ley de Memoria Democrática contempla como infracción grave las acciones de «destrucción o menosprecio» de elementos simbólicos en memoria u homenaje de las víctimas de la dictadura franquista.
Asimismo, la normativa autonómica de memoria pauta también como conducta grave «las manifestaciones o exhibiciones por parte de representantes públicos y funcionarios de la administración de la comunidad autónoma que enaltezcan o hagan apología del golpe militar de 1936, la Guerra Civil y la Dictadura».
El PCE solicita a la Fiscalía la apertura de diligencias de investigación penal contra Le Senne, remarcando que las imágenes de la sesión en la cámara autonómica evidencian que rompió las imágenes de Picornell y de las Roges del Molinar exhibidas por diputadas socialistas.
Implicaciones Legales y Políticas
La denuncia presentada por el PCE tiene serias implicaciones legales y políticas. Por un lado, el presunto delito de odio cometido por Le Senne podría conllevar sanciones penales, lo que pondría en entredicho su cargo como presidente del Parlamento balear.
Por otro lado, la infracción de la normativa sobre memoria histórica a nivel autonómico y estatal también podría derivar en consecuencias legales y políticas para Le Senne y su formación política, Vox. Esto podría generar un debate más amplio sobre el respeto y la preservación de la memoria histórica en España.
Finalmente, la denuncia del PCE refleja la importancia que tiene para esta formación política la defensa de los derechos de las víctimas del franquismo y la lucha contra el negacionismo y el revisionismo histórico. Este caso podría convertirse en un hito en la batalla por la memoria histórica en España.
