La decisión del Tribunal Constitucional (TC) de anular la condena de la exministra socialista y exconsejera andaluza Magdalena Álvarez por el «caso de los ERE» ha generado una gran polémica. Cuatro magistrados del TC han emitido un voto particular en el que advierten sobre el daño institucional y el riesgo sistémico de impunidad que esta medida supone.
En su voto, los magistrados César Tolosa, Ricardo Enríquez, Enrique Arnaldo y Concepción Espejel señalan que la sentencia de la mayoría progresista del TC ha invalidado lo sentenciado sobre lo que, a su juicio, es la causa de corrupción más importante de la historia reciente de España. Consideran que esta decisión daña gravemente la imagen institucional del TC y genera un riesgo sistémico de impunidad.
La Anulación de la Condena de Magdalena Álvarez
Los magistrados discrepantes han argumentado que el recurso de amparo presentado por la exministra debió ser desestimado, ya que la condena no vulneró su derecho a la legalidad penal. En su opinión, la sentencia de la mayoría ha devastado los límites de la jurisdicción constitucional, al irrumpir en el ámbito reservado a la jurisdicción ordinaria y suplantar la función del Tribunal Supremo como máximo intérprete de la ley.
Según el magistrado Tolosa, la decisión de anular sentencias dictadas por el ‘caso de los ERE’ supone rectificar por primera vez desde que el TC entró en funcionamiento al Tribunal Supremo en la interpretación de un elemento recogido en la descripción objetiva de la conducta delictiva. Considera que esta medida consagra un inexistente principio de irresponsabilidad de los miembros del Gobierno, lo que derrumba los propios fundamentos del Estado de Derecho e incumple los compromisos internacionales adquiridos en la lucha contra la corrupción.
Riesgo Sistémico de Impunidad
Los magistrados discrepantes llaman la atención sobre que la sentencia de la mayoría no recoge la impecable argumentación desarrollada en la sentencia del Tribunal Supremo por la que consideraba que los hechos constituían un delito continuado de prevaricación. Entienden que la decisión del TC sitúa a los miembros del Gobierno por encima de la ley, lo que genera un riesgo sistémico de impunidad.
Según el magistrado Tolosa, la sentencia de la mayoría cae en una argumentación ilógica y extravagante, al confundir una consejera con el Gobierno, apelar a las funciones del Gobierno para exonerar de responsabilidad penal a sus miembros por los delitos cometidos y reconocer a los miembros de gobierno impunidad contra lo dispuesto en la Constitución.
En resumen, los cuatro magistrados discrepantes consideran que la decisión del TC de anular la condena de Magdalena Álvarez debilita los fundamentos del Estado de Derecho, introduce causas de irresponsabilidad no previstas en la Ley y socava la posición institucional del Tribunal Supremo. Advierten que esta medida supone un incumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por España frente a la corrupción y debilita la persecución eficaz de los delitos de corrupción institucionalizada cometidos por el Gobierno o sus miembros.
