La Ley de Amnistía es un tema polémico y controvertido que ha suscitado un amplio debate en España. El partido político Vox, que ejerció la acusación popular en el juicio del ‘procés’ celebrado en el Tribunal Supremo, ha presentado un escrito de alegaciones al alto tribunal argumentando que dicha ley no es aplicable a los encausados y procesados por el delito de malversación de fondos públicos.
Según Vox, la razón fundamental radica en que los acusados eran cargos públicos, por lo que no se puede separar la esfera privada de la pública. En otras palabras, al usar fondos del erario público para financiar un referéndum ilegal, los encausados se habrían enriquecido personalmente, lo cual queda excluido de la Ley de Amnistía.
La Aplicabilidad de la Ley de Amnistía según Vox
Vox argumenta que la Ley de Amnistía no es aplicable a los casos de malversación de fondos públicos por parte de cargos públicos. Esto se debe a que, en su opinión, los acusados buscaron su propio beneficio al utilizar dinero del erario público para promover sus «motivaciones políticas» y celebrar el referéndum ilegal.
Además, Vox sostiene que la Ley de Amnistía confronta con la normativa europea de lucha contra el fraude, ya que el delito de malversación se considera un delito que afecta a los intereses financieros de la Unión Europea. Por lo tanto, consideran que esta ley es «contraria al principio de igualdad ante la ley y de no discriminación» establecido en el Tratado de la Unión Europea.
Estrategia Jurídica de Vox
Ante esta situación, Vox solicita al Tribunal Supremo que no aplique la Ley de Amnistía a los casos de malversación de fondos públicos. Como medida subsidiaria, proponen el planteamiento de una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y la suspensión del proceso hasta que se obtenga una respuesta.
Con esta estrategia, Vox busca que se determine si la Ley de Amnistía «resulta incompatible con las normas de derecho europeo», lo que podría impedir su aplicación a los encausados por malversación de fondos públicos.
El análisis jurídico de Vox cuestiona la aplicabilidad de la Ley de Amnistía a los casos de malversación de fondos públicos por parte de cargos públicos, argumentando que se trata de un delito que afecta a los intereses financieros de la Unión Europea y que, por lo tanto, no debería ser perdonado por esta ley.
