Juez propone juzgar a Francisco González, BBVA y Villarejo por encargos ilegales

La investigación del juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha propuesto juzgar a varios altos cargos del BBVA por los presuntos encargos ilegales que habría realizado el comisario jubilado José Manuel Villarejo cuando estaba en activo.

En su auto, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 concluye la investigación que arrancó en 2018 y procesa a numerosas personas vinculadas al banco, entre ellas al expresidente del BBVA Francisco González, a la propia entidad bancaria, y a varios excargos de la entidad.

Procesamiento a Altos Cargos del BBVA

El magistrado ha propuesto sentar en el banquillo de los acusados al exjefe de Seguridad Ángel Corrochano, al exCEO del banco Ángel Cano, al exdirector de Riesgos Antonio Béjar, al exjefe de Control Interno Eduardo Arbizu, al actual responsable de los servicios jurídicos Eduardo Ortega, al responsable de Auditoría Interna, Joaquín Gortari, al exresponsable de Servicios Jurídicos de España y Portugal José Manuel García, y al empleado de la entidad Óscar Santos.

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Además, también procesa al socio de Villarejo, Rafael Redondo, al exinspector de Policía Antonio Bonilla y a otro agente con carnet profesional 76.738. Por último, el magistrado acuerda el archivo para 11 investigados.

Investigación y Encargos Ilegales

La investigación del juez de la Audiencia Nacional arrancó en 2018 y ha concluido con el procesamiento de numerosas personas vinculadas al BBVA por los presuntos encargos ilegales que habría realizado el comisario jubilado José Manuel Villarejo cuando estaba en activo.

El magistrado ha propuesto juzgar al comisario jubilado, al expresidente del BBVA, a la propia entidad bancaria y a varios excargos de la entidad por estos supuestos encargos ilegales, lo que demuestra la gravedad de los hechos investigados y la relevancia de los implicados.

La resolución del juez pone de manifiesto la importancia de investigar y sancionar cualquier tipo de práctica ilegal por parte de altos cargos de entidades financieras, con el objetivo de garantizar la transparencia y la legalidad en el sector bancario.

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