La Guardia Civil ha desarticulado una trama criminal dedicada a la usurpación de propiedades inmuebles en el Campo de Gibraltar, con el objetivo de su posterior venta a terceros. La operación, que ha llevado a la detención de ocho personas, ha incluido el precinto de 120 segregaciones de terreno en La Línea de la Concepción (Cádiz).
Una red de corrupción inmobiliaria
La trama, liderada por un extra-trabajador del Registro de la Propiedad, operaba de forma organizada y contaba con la colaboración de un notario de Algeciras.
El modus operandi consistía en obtener información privilegiada de bases de datos catastrales y del Registro de la Propiedad para seleccionar propiedades con el fin de usurparlas y posteriormente venderlas a terceros.
Para ello, se falsificaban documentos de compra-venta privados que luego se elevaban a públicos mediante procedimientos notariales fraudulentos, con la connivencia del notario que omitía los controles legales.
El papel del notario y el extrabajador del Registro de la Propiedad
El extrabajador del Registro de la Propiedad, presuntamente, era el cerebro de la operación, ya que poseía todos los conocimientos sobre los trámites administrativos necesarios para la ejecución de la trama.
Por su parte, el notario de Algeciras actuaba como fedatario público en la mayoría de los protocolos, omitiendo los controles legales que le obligaban a realizar.
Un golpe a la corrupción inmobiliaria
La operación, que se inició tras una denuncia de los propietarios de un terreno en La Línea de la Concepción, es un golpe duro a la corrupción inmobiliaria en la zona.
Además de las detenciones, se investiga a 99 personas por supuestos delitos contra la ordenación del territorio.
La Guardia Civil, junto a la Junta de Andalucía, ha precintado las 120 segregaciones de terreno en La Línea de la Concepción, impediendo así la venta fraudulenta de las propiedades.
Los detenidos, entre los que se encuentran el extrabajador del Registro de la Propiedad y el notario, están acusados de organización criminal, blanqueo de capitales, estafa, falsificación de documento, usurpación y prevaricación.
La operación ha puesto de manifiesto la necesidad de reforzar los controles en los procesos de compra-venta de propiedades, tanto a nivel administrativo como notarial, para evitar la proliferación de este tipo de fraudes.
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