La investigación policial del caso ‘Astapa’, que involucra presunta corrupción política y urbanística en la localidad de Estepona (Málaga), ha sido cuestionada por la defensa del exalcalde Antonio Barrientos. Según la abogada María Gutiérrez, la investigación se inició «sin control» judicial y con «continuos» contactos entre los denunciantes y los agentes, incluyendo al comisario ahora jubilado José Manuel Villarejo.
En el juicio por este caso, en el cual el fiscal ha mantenido la acusación para 37 personas, incluyendo a Barrientos, exresponsables municipales del PSOE y del Partido de Estepona (PES), empresarios y funcionarios, la defensa ha resaltado las importantes «irregularidades» en la investigación policial. Estas irregularidades, a su entender, han llevado a la vulneración de derechos fundamentales.
La Investigación Policial Cuestionada
La abogada ha señalado que en el juicio ha quedado acreditado que los denunciantes, especialmente el socialista David Valadez, quien luego fue alcalde, estuvieron en contacto con los agentes en 2006, antes de que se presentara la denuncia y existiera un control judicial. Tuvieron, según la letrada, una «relación epistolar» en la que se fue entregando información y documentación sin que quedara constancia en las actuaciones.
Para la defensa, «se han eludido los controles esenciales, utilizado a personas para obtener documentación e información» y se ha referido a una «relación secreta» de Valadez con la Policía para ese intercambio de información antes de que se iniciara la causa y a la figura de ‘agentes encubiertos’. La abogada ha incidido en que «no hay constancia de esas reuniones o confidencias» por parte de los denunciantes.
La defensa también ha señalado que la prueba desarrollada ha corroborado la importancia que tuvo Villarejo en el inicio de esta causa. Las agendas y las conversaciones de este excomisario, validadas en otra causa y reproducidas en el juicio, dejan claro los contactos con los denunciantes, según la letrada.
La Nulidad de las Intervenciones Telefónicas y los Registros Domiciliarios
La defensa ha solicitado que la nulidad ya acordada de las intervenciones telefónicas se extienda también a los registros domiciliarios, y por tanto se declare la invalidez de los documentos obtenidos. Esto se debe a que, según la abogada, ha quedado acreditado en el juicio que «no existían indicios suficientes» para llevar a cabo estas actuaciones, sino que se basaron en las escuchas telefónicas, que son nulas.
Además, la defensa ha hecho referencia a la información sobre el patrimonio de Barrientos y de sus familiares, que «era falsa», achacándole «operaciones financieras» en las que «jamás ha intervenido». Estas investigaciones, según la letrada, se decidieron «también por las intervenciones telefónicas» y dieron lugar a la detención y a los registros de sus propiedades.
Cuestionamientos hacia Villarejo
La defensa del exalcalde de Estepona ha cuestionado firmemente la investigación policial del caso ‘Astapa’, señalando importantes irregularidades y la vulneración de derechos fundamentales. La abogada ha destacado el papel protagonista que tuvo el excomisario Villarejo en el origen de esta operación y la manipulación de la causa por parte de este.
Asimismo, ha solicitado la nulidad de las intervenciones telefónicas y los registros domiciliarios, al considerar que no existían indicios suficientes para llevar a cabo estas actuaciones. La defensa continúa su lucha por demostrar la legalidad de las operaciones urbanísticas de las que se acusa a Barrientos.
