En un fallo clave para la industria láctea española, el Tribunal Supremo ha desestimado el recurso interpuesto por la Federación Nacional de Industrias Lácteas (Fenil) contra el Real Decreto 374/2022, que establece condiciones de contratación que protegen a los productores de leche en el sector. Esta decisión judicial reafirma el compromiso del Gobierno por salvaguardar los intereses de los eslabones más débiles de la cadena de valor láctea.
El Supremo ha respaldado plenamente la medida que obliga a que el precio pactado entre las partes en los contratos del sector lácteo cubra el coste efectivo de producción. Según el alto tribunal, esta norma es proporcional desde la perspectiva del derecho europeo y constitucional, y no puede considerarse irrazonable, inadecuada o arbitraria en relación con el objetivo perseguido.
La Protección de los Productores Lácteos
La obligación de cubrir los costes de producción persigue un «objetivo legítimo de evitar prácticas desleales» en detrimento de la parte más débil de la cadena, como son los productores de leche. El Supremo considera que se trata de «una medida adecuada» para fortalecer el poder de negociación de los productores y «reequilibrar su posición en la cadena en aras a alcanzar una libertad de negociación real y una competencia efectiva».
Esta decisión judicial reconoce la vulnerabilidad del sector lácteo, marcada por factores como el carácter perecedero y no almacenable del producto, así como la atomización de los agentes y el desequilibrio de sus posiciones negociadoras. En este contexto, la medida impugnada por Fenil busca mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria y garantizar un nivel de vida equitativo para los productores de leche, objetivos que cuentan con amparo en el derecho europeo y el marco constitucional español.
Implicaciones y Próximos Pasos
La desestimación del recurso de Fenil por parte del Tribunal Supremo supone un importante respaldo judicial a las políticas del Gobierno en favor de los productores lácteos. Esta sentencia refuerza la posición de los eslabones más débiles de la cadena de valor y sienta un precedente para el fortalecimiento de la industria láctea española.
Cabe esperar que esta decisión judicial incentive el diálogo y la colaboración entre los diferentes agentes del sector, con el fin de alcanzar un equilibrio justo y sostenible en las relaciones comerciales. Asimismo, es probable que esta sentencia motive a otros sectores agroalimentarios a buscar medidas similares de protección para sus productores, fortaleciendo así la competitividad y resiliencia de la industria alimentaria nacional.
