En un fallo histórico, el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 9 de la Audiencia Nacional (AN) ha anulado la Orden del Ministerio del Interior de 2023 que concedía medallas de plata a mandos jubilados en la Policía Nacional. Esta decisión judicial se suma a otras sentencias previas que han tumbado la concesión de estos «premios de fin de carrera» durante la gestión del Ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.
La sentencia se centra en la ley franquista de 1964 que regula la concesión de estas medallas «pensionadas», es decir, que suponen un incremento vitalicio del 15% del sueldo para el beneficiado. Los sindicatos de la Policía, entre ellos Jupol, CEP y UFP, impugnaron estas condecoraciones, alegando que no se había informado a las organizaciones sindicales ni se habían justificado debidamente los hechos que merecían tales distinciones.
La juez entiende que, atendiendo a la «trayectoria profesional» de los policías, solo procedería la Cruz al Mérito Policial con distintivo blanco, sin la pensión vitalicia que conllevan las medallas de plata otorgadas. Además, la sentencia rechaza la retroacción de las actuaciones solicitada por la Abogacía del Estado en representación del Ministerio del Interior.
EL RECHAZO DE LOS SINDICATOS
Los sindicatos demandantes han celebrado la resolución judicial, que afecta a seis exaltos cargos de la Policía Nacional. Jupol ha criticado que el Ministerio del Interior y la Dirección General de la Policía sigan utilizando las medallas «de forma injustificada y torticera para complementar las pensiones de jubilación de los altos cargos policiales», mientras no se aborda el verdadero problema de la jubilación de todos los agentes.
Por su parte, el sindicato CEP ha señalado que esta sentencia vuelve a cuestionar la «estrategia de premios de fin de carrera» del Ministerio de Grande-Marlaska, reclamando que se ponga fin a este «bochorno» y se proceda a la aprobación de una nueva ley que derogue la «obsoleta» norma de 1964.
UN PRECEDENTE IMPORTANTE
Esta resolución judicial representa un importante precedente en la lucha contra el uso «injustificado y tortuoso» de las condecoraciones policiales para complementar las pensiones de altos cargos, según han destacado los sindicatos. La Audiencia Nacional ha dejado claro que estas prácticas carecen de fundamento legal y que la trayectoria profesional de los agentes debe ser el único criterio válido para el otorgamiento de distinciones.
Ahora corresponde al Ministerio del Interior y a la Dirección General de la Policía Nacional acatar la sentencia y poner fin a estas controvertidas concesiones de medallas «pensionadas», avanzando hacia un sistema de reconocimiento más justo y transparente para todos los miembros del cuerpo policial.
