La decisión del Juzgado de Barcelona de aplicar la Ley de Amnistía a los 46 agentes de la Policía Nacional imputados por las cargas del referéndum del 1 de octubre de 2017 en Cataluña ha sido recibida con alivio y satisfacción por los principales sindicatos policiales. Consideran que este fallo representa un «acto de justicia» para quienes defendieron la Constitución y el mandato judicial en un momento de grave tensión política.
Sin embargo, los sindicatos rechazan ser «igualados» con quienes promovieron el intento de independencia de Cataluña, denunciando el «uso político de servidores públicos» que estos hechos han supuesto. Entienden que los agentes actuaron en cumplimiento de sus deberes y bajo la tutela judicial, sin excederse en el uso de la fuerza.
La Justicia y la Defensa de la Constitución
El Juzgado de Barcelona ha aplicado la Ley de Amnistía a los agentes, argumentando que las actuaciones investigadas «fueron de escasa duración individual» y no tuvieron la gravedad suficiente para excluirlas de esta medida de gracia. Los sindicatos consideran que esta decisión pone fin a un «calvario procesal» que nunca debió llegar tan lejos, ya que los agentes únicamente cumplieron con su deber de proteger los derechos y libertades de todos los ciudadanos.
Para el Sindicato Unificado de Policía (SUP), el juez reconoce la proporcionalidad y el «buen hacer» con la que actuaron los agentes durante el referéndum del 1-O, siempre «conforme al marco legal y bajo la tutela judicial». Desde el Sindicato de Comisarios de Policía (CEP), se afirma que esta amnistía «no es un acto de gracia o perdón caritativo, sino un punto y final a un calvario procesal».
El Rechazo al Uso Político de los Servidores Públicos
Los sindicatos policiales han denunciado con firmeza el «uso político de servidores públicos» que se ha hecho en este caso, señalando que los agentes fueron «objeto de una campaña de acoso y difamación por parte de los sectores independentistas, que los convirtieron en chivos expiatorios de la violencia que ellos mismos generaron».
Desde el CEP, se critica que «en no pocos de los procedimientos judiciales abiertos contra policías nacionales en Cataluña era la propia Generalitat quien ejercía la acusación», lo que consideran «un ejemplo insólito y miserable de persecución de los servidores públicos y de alineamiento con la estrategia de los independentistas».
Conclusiones
La aplicación de la Ley de Amnistía a los agentes policiales imputados por las cargas del 1-O en Cataluña ha sido recibida por los sindicatos como un «acto de justicia» que pone fin a un «calvario procesal» injusto.
Consideran que los agentes actuaron en defensa de la Constitución y el Estado de Derecho, sin excederse en el uso de la fuerza, y han sido víctimas de un uso político inaceptable por parte de los sectores independentistas. Esta decisión judicial es vista como un reconocimiento a la labor de los agentes y un importante paso para cerrar un capítulo doloroso de la historia reciente en Cataluña.
