La esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, está siendo sometida a una «completa indefensión» por su imputación por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios, según ha expresado el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. El ministro alega que Gómez no sabe ni de qué se le acusa ni de qué se le deja de acusar, y considera «preocupante» que la investigación judicial sobre ella aún no haya podido ser archivada.
Marlaska ha calificado la admisión de la denuncia contra Gómez como algo realizado incluso con «el carácter de la asociación del sindicato que la interpone, de extrema derecha», y con una suma de «recortes de prensa». El ministro ha expresado su deseo de que el proceso «debería haber quedado archivado hace tiempo» y se quede archivado tras la declaración de Gómez este viernes.
Por otro lado, Marlaska ha defendido que la actividad profesional de Begoña Gómez «no ha cambiado su vida profesional antes y después de junio del 2018, cuando su marido llegó a la Presidencia del Gobierno», y ha asegurado que la realiza «con toda la profesionalidad, la dignidad y la transparencia como lo ha venido haciendo».
La defensa del fiscal general
Además, el ministro del Interior ha defendido la labor del fiscal general del Estado, Álvaro García-Ortiz, y ha rechazado la «presión política indebida y poco respetuosa con las instituciones» a la que, según ha asegurado, está siendo sometido por presuntamente difundir presuntamente datos confidenciales del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Marlaska ha argumentado que el fiscal general del Estado «está haciendo un trabajo extraordinario» y que se está viendo sometido a una «presión indebida». Si bien reconoce que la nota de prensa difundida por la Fiscalía pudo ser «más o menos acertada» en su espíritu, su objetivo era el de «desmentir un bulo».
La defensa del Tribunal Constitucional
Por último, el ministro también se ha pronunciado sobre las acusaciones contra el Tribunal Constitucional (TC) por exonerar a ex altos cargos de los ERE de Andalucía. Marlaska ha esgrimido que el tribunal de garantías es quien tiene la competencia de defender «los derechos y libertades fundamentales», y ha decidido exculpar a condenados del PSOE andaluz porque entiende que los principios de «tutela judicial efectiva» y el principio de «legalidad penal» se han «quebrantado».
Por este motivo, ha cargado contra el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, por expresar dudas en la imparcialidad del TC, y ha pedido «respeto». «Se pueden criticar las resoluciones (…) Lo que no se puede es faltar a la lealtad a las instituciones y deslegitimar las instituciones», ha concluido.
