La reciente declaración del Ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, sobre el caso que involucra a Begoña Gómez, esposa del Presidente del Gobierno, ha generado una fuerte reacción por parte de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV). Según la AJFV, las palabras de Bolaños suponen una «presión intolerable» sobre el juez que investiga el caso, lo cual es «inaceptable en un Estado de Derecho» donde debe primar la separación de poderes.
En sus declaraciones realizadas en Cáceres, Bolaños afirmó que Gómez estaba sufriendo una «gravísima indefensión» en la causa abierta en su contra, ya que «ni sabe de qué se la acusa«. Además, advirtió que «si este proceso judicial continúa será lógico que los ciudadanos se pregunten por qué se prolonga innecesariamente y qué se pretende«.
Asociación Judicial Denuncia Injerencia en el Poder Judicial
Para la AJFV, estas declaraciones del Ministro de Justicia «son inaceptables en un Estado de Derecho» y «trasladan una presión intolerable al juez instructor del caso» que afecta a Begoña Gómez. La asociación considera que este tipo de intervenciones «causan un irreparable desprestigio al Poder Judicial, socavando con ello la confianza de la ciudadanía en la Justicia de este país«.
La AJFV ha exigido, una vez más, que los poderes del Estado «respeten la independencia judicial y la estricta separación de poderes, sin que se produzca la injerencia de un poder sobre otro«. Según la asociación, este tipo de declaraciones ponen en riesgo los principios fundamentales de un sistema judicial independiente y socavan la credibilidad de la justicia en España.
Llamado a Respetar la Separación de Poderes
La reacción de la AJFV refleja la preocupación de la comunidad jurídica por la injerencia del Poder Ejecutivo en asuntos judiciales, lo cual podría comprometer la imparcialidad y la independencia del sistema de justicia. Ante este escenario, resulta crucial que tanto el Gobierno como el Poder Judicial mantengan una clara división de funciones y respeten escrupulosamente los límites de sus competencias, en aras de preservar la confianza de la ciudadanía en el Estado de Derecho.
