La reciente decisión del Tribunal Constitucional (TC) de estimar los recursos de amparo presentados por ex altos cargos de la Junta de Andalucía condenados por el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares ha generado un intenso debate sobre la relación entre la absolución penal y la responsabilidad política. Antonio Maíllo, coordinador federal de Izquierda Unida (IU), comparte su perspectiva sobre este complejo asunto.
El líder de IU ha subrayado que la «absolución penal» propiciada por el TC «no absuelve de la mala gestión» que, en su opinión, hubo en la Consejería de Empleo durante la etapa de administración socialista. Maíllo señala que desde IU siempre han apuntado a la existencia de «responsabilidades políticas» en este caso, algo que defendieron hace ya 12 años en la comisión de investigación del Parlamento andaluz.
Maíllo ha explicado que el TC «no es un tribunal de justicia al uso, sino el que garantiza derechos constitucionales básicos a personas que han sido condenadas por la justicia». Por lo tanto, sigue «un carril diferente» al de las organizaciones políticas, que deben situarse en el terreno de «la valoración política». En este sentido, el dirigente de IU sostiene que su formación no apuntaba a «responsabilidades penales, pero sí a responsabilidades políticas, que se mantienen».
El Debate Político Más Allá de las Sentencias Judiciales
Según Maíllo, «el gran debate de fondo» en este caso es que «la crítica política no se avala porque haya una condena judicial, que es otro plano, ni tampoco se absuelve una crítica política porque se absuelva en el plano judicial».
El representante de IU argumenta que en España se ha generado una tendencia a vincular «muy estrechamente» las decisiones judiciales con las decisiones políticas, lo cual ha dado lugar a «dos espejismos»: que delinquir conlleva una deslegitimación política y que la absolución penal también implica absolución política, algo que, en su opinión, «no es verdad».
El Papel del Partido Popular y el Concepto de «Lawfare»
Maíllo ha acusado al Partido Popular (PP) de haber propiciado un «totum revolutum» en este caso, sin entrar en los «matices» y quedándose en «el trazo grueso», lo cual se ha convertido en «un bumerán» cuando no ha salido su «hoja de ruta sin matices y de causa general».
Asimismo, el líder de IU ha señalado que en este caso existe «‘lawfare’ en los términos en los que vincula el cumplimiento de una ley del Parlamento con una penalización o un delito». Según Maíllo, «no puede ser nunca delito ejecutar un presupuesto parlamentario que es producto de la voluntad popular» expresada «a través del Parlamento».
En conclusión, Antonio Maíllo deja claro que la «absolución penal» propiciada por el TC no implica una «absolución política» en relación a la «mala gestión» que, en su opinión, se dio en las políticas de empleo de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía. El debate, en su visión, debe ir más allá de las sentencias judiciales y centrarse en la responsabilidad política, evitando las simplificaciones y las vinculaciones estrechas entre el ámbito judicial y el político.
