El sector turístico en España se enfrenta a un nuevo desafío que amenaza con desestabilizar la operativa de las agencias de viajes. La inminente entrada en vigor del Real Decreto 933/2021, prevista para el 1 de octubre, ha generado una ola de preocupación entre las principales asociaciones del sector. Este decreto, que establece nuevas obligaciones de registro documental para las reservas, ha sido recibido con fuertes críticas por parte de las agencias de viajes, que lo consideran una medida injustificada y potencialmente perjudicial para su funcionamiento.
La Federación Empresarial de Asociaciones Territoriales de Agencias de Viajes Españolas (Fetave), la Asociación Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas (Acave) y la Unión Nacional de Agencias de Viajes (UNAV) han unido sus voces para alertar sobre los riesgos que esta nueva normativa supone para el sector. Estas organizaciones advierten que la implementación del decreto podría llevar a un colapso administrativo, especialmente para las pequeñas y medianas empresas que conforman la mayoría del tejido empresarial de las agencias de viajes en España. La situación ha alcanzado un punto crítico, con las asociaciones solicitando urgentemente una reconsideración por parte del Ministerio del Interior.
Impacto del Real Decreto 933/2021 en las agencias de viajes
La entrada en vigor del Real Decreto 933/2021 presenta múltiples desafíos para las agencias de viajes españolas. En primer lugar, se prevé un colapso de los medios administrativos de estas empresas. La mayoría de las agencias en España son pymes y micropymes, lo que significa que no cuentan con los recursos necesarios para hacer frente a las nuevas exigencias sin incurrir en costos adicionales significativos. Esto podría traducirse en la necesidad de ampliar horarios de trabajo o contratar nuevos profesionales, lo que supondría una carga económica adicional en un momento ya de por sí complicado para el sector.
Otro aspecto preocupante es la dificultad que muchas agencias enfrentarán para cumplir con los requerimientos de información en el plazo fijado por la norma. Las instrucciones recogidas en el Real Decreto han sido calificadas como confusas por las patronales, lo que aumenta el riesgo de una aplicación incorrecta. Esto podría resultar en un elevado número de sanciones a corto plazo, afectando aún más la estabilidad financiera de las agencias.
Además, la implementación de esta normativa podría tener repercusiones negativas en el ámbito comercial internacional. Los mercados extranjeros han expresado su preocupación por el volumen de datos personales que el Ministerio del Interior exige comunicar, así como por el tratamiento que se dará a esta información. Esta inquietud podría traducirse en una disminución de la confianza en las agencias de viajes españolas, afectando potencialmente al flujo de turistas internacionales hacia nuestro país.
Reacciones y peticiones del sector ante la nueva normativa
Frente a esta situación, las principales asociaciones del sector han emprendido una serie de acciones para defender los intereses de las agencias de viajes. Han calificado como inaceptable la decisión del Ministerio del Interior de mantener la fecha de entrada en vigor del decreto, a pesar de las advertencias realizadas por el sector. Las patronales argumentan que esta medida colocará a las agencias en una situación grave de inseguridad jurídica, debido a la imposibilidad objetiva de cumplir con la normativa vigente en los plazos establecidos.
En respuesta a esta problemática, Fetave, UNAV y Acave han reiterado su petición urgente para que el Ministerio reconsidere su decisión. Esta solicitud ha sido transmitida tanto al propio Ministerio del Interior como a la Secretaría de Estado de Turismo, buscando abrir un diálogo que permita encontrar una solución viable para todas las partes involucradas. Las asociaciones han enfatizado la criticidad de la situación, subrayando que la falta de acción por parte del Ministerio no solo amenaza la estabilidad y operatividad de las agencias de viajes, sino que también podría tener repercusiones negativas en los mercados internacionales.
A pesar de los esfuerzos del sector, el Ministerio del Interior confirmó en una reunión celebrada el 4 de julio que no ampliará la moratoria más allá del 1 de octubre. Además, se ha negado a publicar una Orden Ministerial que pudiera aclarar y limitar el alcance del Real Decreto, lo que ha aumentado la preocupación entre las agencias de viajes. Esta postura inflexible ha llevado a las asociaciones a intensificar sus esfuerzos para proteger los intereses del sector.
Estrategias y perspectivas futuras para las agencias de viajes
Ante la inminente entrada en vigor del Real Decreto 933/2021, las asociaciones del sector han declarado su intención de continuar luchando por los intereses de las agencias de viajes. Su principal objetivo es lograr la exclusión de las agencias del ámbito de aplicación del decreto. Esta medida permitiría a las empresas continuar operando sin las restricciones y cargas administrativas adicionales que la nueva normativa impone.
En caso de no conseguir esta exclusión, las patronales están trabajando en propuestas alternativas que buscan la implementación de medidas que hagan viable el cumplimiento del decreto. Estas propuestas podrían incluir la simplificación de los procesos de registro, la ampliación de los plazos para la implementación de los nuevos requisitos, o la creación de herramientas tecnológicas que faciliten el cumplimiento de la normativa sin suponer una carga excesiva para las agencias.
Las asociaciones también están considerando la posibilidad de buscar apoyo en otras instancias gubernamentales y europeas. La internacionalización del turismo y la importancia del sector para la economía española podrían ser argumentos de peso para solicitar la intervención de organismos superiores que ayuden a mediar en esta situación. Asimismo, se está evaluando la posibilidad de emprender acciones legales si no se logra un acuerdo satisfactorio con el Ministerio del Interior.
En conclusión, el sector de las agencias de viajes en España se encuentra en un momento crucial. La entrada en vigor del Real Decreto 933/2021 representa un desafío significativo que requiere una acción coordinada y decidida por parte de todas las partes interesadas. El futuro del sector dependerá en gran medida de la capacidad de adaptación de las agencias y de la disposición del gobierno para encontrar soluciones que permitan cumplir con los objetivos de seguridad sin comprometer la viabilidad de estas empresas fundamentales para el turismo español.
