La reforma de la Ley del Poder Judicial (LOPJ) y el Estatuto del Ministerio Fiscal, pactada entre el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español, ha generado un intenso debate en el Congreso de los Diputados. Esta propuesta legislativa, surgida en el marco del acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tras más de cinco años de bloqueo, busca abordar cuestiones cruciales en el sistema judicial español.
El objetivo principal de esta reforma es poner fin a las denominadas ‘puertas giratorias’ en la Justicia, un fenómeno que ha sido objeto de críticas por su potencial impacto en la independencia judicial. Además, la propuesta pretende reforzar las mayorías necesarias para aprobar nombramientos judiciales y encomendar al nuevo CGPJ la tarea de realizar propuestas sobre posibles cambios en el sistema de elección de vocales. Sin embargo, esta iniciativa ha encontrado resistencia por parte de otros grupos parlamentarios, que consideran que no aborda de manera suficiente los problemas estructurales del sistema judicial.
Debate y posiciones de los partidos políticos
El Pleno del Congreso se prepara para debatir las enmiendas de totalidad con texto alternativo presentadas por Vox y Podemos. Estas formaciones políticas han aprovechado el trámite parlamentario para proponer sus propias versiones de la reforma, buscando sustituir la propuesta acordada por PP y PSOE. Sin embargo, se prevé que ambas enmiendas sean rechazadas con los votos de los dos grandes partidos, permitiendo que la reforma original siga su curso en el Congreso.
Durante la toma en consideración de la propuesta, PP y PSOE solo consiguieron el respaldo de sus propios grupos y de la diputada de Coalición Canaria. Los socios habituales del PSOE expresaron su descontento, argumentando que la propuesta no cambia sustancialmente el sistema actual y que podría seguir favoreciendo el ‘lawfare’. Por su parte, Vox criticó la iniciativa, calificándola como un mero reparto de poder entre los dos partidos mayoritarios.
Es importante destacar que esta reforma legislativa ha puesto de manifiesto las diferentes visiones que existen sobre cómo debe funcionar el sistema judicial en España. Mientras que algunos partidos abogan por una mayor participación de los jueces en la elección de sus órganos de gobierno, otros defienden un modelo en el que el Parlamento tenga un papel más relevante en estos nombramientos.
Propuesta alternativa de Vox: mayor autonomía judicial
La enmienda de totalidad presentada por Vox propone un cambio radical en el sistema de elección de los miembros del CGPJ. Su propuesta se centra en que sean los propios jueces y magistrados quienes elijan directamente las doce plazas que tienen reservadas en el Consejo, sin intervención de los partidos políticos. Esta medida busca reforzar la independencia judicial y reducir la influencia política en el órgano de gobierno de los jueces.
Además de este cambio fundamental, Vox plantea la introducción de un sistema electoral mayoritario corregido de listas abiertas para la elección de los miembros judiciales del CGPJ. Proponen que todos los miembros de la carrera judicial en activo participen en esta elección, lo que, según argumentan, aumentaría la representatividad y legitimidad del órgano.
La formación de Santiago Abascal también sugiere modificaciones en los procedimientos para designar a los presidentes de los tribunales y de las salas del Tribunal Supremo, así como en el nombramiento de magistrados del alto tribunal. Su propuesta da prioridad a la antigüedad como criterio fundamental, introduciendo otros factores como el tiempo de servicio en el orden jurisdiccional o el conocimiento en la materia en caso de igualdad de condiciones entre candidatos.
Planteamiento de Podemos: democratización y diversidad
Por su parte, la propuesta alternativa de Podemos se centra en una reforma más amplia del sistema judicial, que incluye cambios en el acceso a la carrera judicial y en la composición del CGPJ. Una de sus medidas más llamativas es la combinación del actual sistema de oposición con un nuevo sistema de concurso entre abogados del turno de oficio con cinco años de experiencia, que serviría para cubrir la mitad de las plazas de jueces.
Según Podemos, esta medida permitiría abrir la carrera judicial a la realidad del ejercicio del derecho y a sectores sociales que actualmente no pueden afrontar la preparación de la oposición. Complementariamente, proponen un sistema obligatorio de becas por motivos económicos para los opositores, buscando así democratizar el acceso a la judicatura.
En cuanto a la elección de los vocales del CGPJ, Podemos plantea un cambio significativo en el sistema actual. Proponen que los 12 vocales judiciales sean elegidos en el Congreso por mayoría absoluta, con el requisito adicional de contar con el apoyo de al menos la mitad de los grupos parlamentarios. Esta medida busca ampliar el consenso necesario para estos nombramientos y reducir la posibilidad de que los dos grandes partidos puedan acordar estos nombramientos sin contar con otras formaciones políticas.
En conclusión, el debate sobre la reforma de la Ley del Poder Judicial y el Estatuto del Ministerio Fiscal refleja las diferentes visiones que existen en el panorama político español sobre cómo debe organizarse y funcionar el sistema judicial. Mientras que la propuesta acordada por PP y PSOE busca introducir cambios moderados, las alternativas presentadas por Vox y Podemos plantean transformaciones más profundas en aspectos clave como la elección de los miembros del CGPJ o el acceso a la carrera judicial. El resultado de este proceso legislativo tendrá, sin duda, un impacto significativo en el funcionamiento de la justicia en España en los próximos años.
