En una reciente visita al barrio coruñés de Xuxán, la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas de Galicia, María Martínez Allegue, ha confirmado la postura de la Xunta en relación a la declaración de zonas de mercado residencial tensionado. Allegue enfatizó que la Xunta dará curso a las solicitudes de declaración siempre y cuando estas provengan directamente de los ayuntamientos y cumplan con los parámetros establecidos por la Ley de Vivienda estatal. Esta declaración surge en respuesta a las crecientes preocupaciones sobre el acceso a la vivienda en ciertas áreas de la comunidad.
La conselleira aprovechó la ocasión para reiterar su desacuerdo con la Ley de Vivienda estatal, argumentando que, en su opinión, la normativa genera más perjuicios que beneficios, creando inseguridad jurídica para los propietarios. Sin embargo, Martínez Allegue fue enfática al asegurar que la Xunta, en cumplimiento de la ley, declarará zonas tensionadas si se cumplen los requisitos.
A Coruña Bajo la Lupa de la Tensión Residencial
La situación en A Coruña, donde el acceso a la vivienda se ha convertido en un tema crucial, ha puesto de manifiesto la importancia de la declaración de zonas tensionadas. A pesar de no haber recibido aún una solicitud formal, la Xunta tiene conocimiento de que el Ayuntamiento coruñés está realizando un estudio para evaluar la posibilidad de solicitar la declaración de zona tensionada en la ciudad.
Este estudio, según ha trascendido, analizará en profundidad el mercado inmobiliario local, considerando factores como la evolución de los precios de alquiler, la carga económica que supone el acceso a la vivienda para los ciudadanos y la disponibilidad de oferta de vivienda a precios asequibles. Los resultados de este estudio serán determinantes para que el Ayuntamiento tome una decisión sobre la solicitud.
Implicaciones de la Declaración de Zona Tensionada
La declaración de una zona como mercado residencial tensionado conlleva una serie de implicaciones significativas, tanto para propietarios como para inquilinos. Una de las medidas más relevantes es la posibilidad de limitar la subida de los alquileres, estableciendo un índice de referencia que limite las subidas abusivas. Esta medida busca proteger a los inquilinos de incrementos desproporcionados en el precio de sus alquileres.
Además, la declaración de zona tensionada abre la puerta a la implementación de otras políticas públicas orientadas a fomentar el acceso a la vivienda, como la promoción de la vivienda pública, la concesión de ayudas al alquiler o la aplicación de beneficios fiscales para propietarios que destinen sus inmuebles al alquiler social. Estas medidas, en conjunto, buscan equilibrar la balanza entre la oferta y la demanda en el mercado del alquiler, garantizando el derecho a una vivienda digna a precios asequibles.
