La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, se enfrenta a un desafío crucial en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia que se celebrará esta tarde. En un contexto de creciente tensión política y social en torno a la gestión de los menores migrantes no acompañados, Rego aboga por una reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería que permita establecer un mecanismo «eficaz, sostenible y que garantice los derechos de los niños y niñas no acompañados». Esta propuesta surge como respuesta a la compleja situación que vive especialmente Canarias, que actualmente acoge a casi 6.000 menores migrantes.
La ministra reconoce la magnitud del desafío, pero también subraya la capacidad de España, con sus 49 millones de habitantes, para acoger a estos menores de manera adecuada si se implementa «un reparto vinculante y solidario atendiendo a los derechos de la infancia». Este planteamiento no solo busca aliviar la presión sobre regiones específicas como Canarias, sino también garantizar una gestión más equitativa y humana de un fenómeno que Rego describe como «estructural y dinámico». La propuesta de reforma, fruto de un acuerdo entre el Gobierno central y el de Canarias, se presenta como un paso crucial hacia una política migratoria más integral y respetuosa con los derechos humanos.
La necesidad de una reforma estructural en la gestión de menores migrantes
La propuesta de reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería se perfila como una solución estructural a un problema que ha demostrado ser persistente y complejo. Sira Rego enfatiza que esta modificación busca no solo dar estabilidad al sistema de acogida, sino también generar suficiencia financiera para mejorar el control y garantizar los derechos de la infancia. Este enfoque integral reconoce que la cuestión de los menores migrantes no acompañados va más allá de una simple redistribución geográfica, abordando aspectos cruciales como la financiación y la protección de derechos.
La ministra subraya la importancia de entender que se trata de «niños y niñas que están solos y en situación de desamparo», lo que requiere una respuesta coordinada y solidaria de todas las comunidades autónomas. Este llamado a la solidaridad interterritorial se basa en la premisa de que España, como nación, tiene la capacidad y la responsabilidad de proporcionar una acogida digna a estos menores, independientemente de su lugar de llegada inicial.
El mecanismo propuesto busca superar las limitaciones del actual sistema de acogida voluntaria, que según Rego, no está funcionando adecuadamente. La ministra revela que el 80% de los traslados previstos para el año 2023 no se han cumplido, evidenciando la necesidad de un enfoque más vinculante. Este dato pone de manifiesto la urgencia de una reforma que asegure una distribución más equitativa y eficiente de la responsabilidad de acogida entre todas las regiones del país.
Desafíos políticos y resistencias al cambio
La propuesta de reforma enfrenta obstáculos significativos, principalmente por la oposición de partidos como el Partido Popular y Vox. Estas formaciones políticas, que gobiernan en varias comunidades autónomas, ya bloquearon hace un mes la posibilidad de un reparto voluntario de menores migrantes, un mecanismo que lleva vigente desde 2022. La ministra Rego señala que el mecanismo propuesto para la reforma del artículo 35 es «exactamente el mismo», lo que anticipa posibles resistencias en el proceso legislativo.
La situación se complica aún más cuando se consideran casos específicos como el de la Comunidad de Madrid. Según Rego, esta región, con 7 millones de habitantes, no ha cumplido con la cuota de acogida que le correspondía (34 menores), a pesar de contar con los recursos y la financiación necesarios. Este ejemplo ilustra las tensiones políticas y las disparidades en el cumplimiento de los compromisos de acogida entre diferentes territorios.
La ministra hace un llamado a la responsabilidad, especialmente dirigido al Partido Popular, para resolver sus «contradicciones» respecto a la reforma propuesta. La posición fluctuante de este partido, que según Rego oscila entre el rechazo y la aceptación de la reforma, añade un elemento de incertidumbre al proceso. En este contexto, la Conferencia Sectorial se presenta como un punto de partida crucial para buscar consensos y avanzar hacia una solución que priorice el bienestar de los menores migrantes no acompañados.
Hacia un modelo de acogida más humano y eficiente
La visita programada a un centro de menores no acompañados antes de la Conferencia Sectorial busca sensibilizar a los participantes sobre la realidad cotidiana de estos niños y niñas. Esta iniciativa pretende «poner rostro» a las estadísticas y cifras, recordando a los responsables políticos la dimensión humana del desafío que enfrentan. La ministra espera que esta experiencia directa refuerce la comprensión de la necesidad de una respuesta solidaria y coordinada a nivel nacional.
El debate sobre la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería trasciende el ámbito meramente legal, tocando cuestiones fundamentales sobre la responsabilidad social y la solidaridad interterritorial. La propuesta busca establecer un mecanismo que no solo sea eficaz en términos de gestión, sino que también garantice plenamente los derechos de los menores migrantes no acompañados. Este enfoque integral reconoce la complejidad del fenómeno migratorio y la necesidad de respuestas que vayan más allá de soluciones temporales o parciales.
La ministra Sira Rego insiste en que la reforma propuesta es necesaria para dotar al sistema de «suficiencia financiera». Este aspecto es crucial, ya que aborda una de las principales preocupaciones de las comunidades autónomas: la capacidad de financiar adecuadamente los servicios y la atención que requieren estos menores. Al garantizar una financiación adecuada, se espera superar uno de los principales obstáculos para una acogida efectiva y digna en todo el territorio nacional.
