La situación de los menores migrantes no acompañados en España ha alcanzado un punto crítico, especialmente en las Islas Canarias, donde el sistema de protección se encuentra al borde del colapso. Esta realidad ha puesto de manifiesto la urgente necesidad de una reforma en la Ley de Extranjería que permita una distribución más equitativa de estos menores entre las diferentes comunidades autónomas. La propuesta de modificación legal busca establecer un mecanismo de reparto obligatorio cuando una región alcance una sobreocupación del 150% en sus centros de acogida.
En este contexto, UNICEF España ha alzado su voz para instar tanto a las comunidades autónomas como al gobierno central a tomar medidas decisivas. La organización enfatiza la importancia de que todas las regiones reconsideren su apoyo a la reforma propuesta, al tiempo que solicita un compromiso público por parte del gobierno para proporcionar los recursos necesarios, no solo a Canarias sino a todos los territorios implicados. Este llamado a la acción se produce en un momento crucial, donde la colaboración entre administraciones y la priorización del bienestar de los menores migrantes se vuelven imperativos para abordar esta compleja situación humanitaria.
El reparto de menores migrantes: Un desafío pendiente
La reciente Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia celebrada en Tenerife ha puesto sobre la mesa la urgencia de abordar el reparto de menores migrantes no acompañados. Durante el encuentro, se aprobó la distribución voluntaria de 347 menores, con una asignación de 20 millones de euros. Sin embargo, es importante destacar que este acuerdo corresponde a un cupo establecido en 2022 y no responde a la emergencia migratoria actual que enfrenta España, particularmente en las Islas Canarias.
La propuesta de reforma de la Ley de Extranjería busca establecer un mecanismo de reparto obligatorio cuando una comunidad autónoma alcance una sobreocupación del 150% en sus plazas de acogida. Esta medida pretende aliviar la presión sobre las regiones más afectadas por la llegada de menores migrantes, como es el caso de Canarias. No obstante, la iniciativa ha encontrado resistencia por parte de algunas autonomías, especialmente aquellas gobernadas por el Partido Popular, que han optado por no pronunciarse alegando falta de tiempo para analizar el texto o considerando que no es de su competencia.
UNICEF España ha valorado positivamente los compromisos de traslados voluntarios surgidos durante la reunión, pero insiste en la necesidad de avanzar hacia fórmulas de obligatoriedad que garanticen el bienestar de la infancia en Canarias. La organización reconoce que las modificaciones regulatorias urgentes podrían no ser completas y garantistas en todos los aspectos, pero considera indispensable la aprobación de medidas que permitan avanzar con rapidez en la reubicación de estos niños y niñas, dadas las condiciones precarias en las que se encuentran actualmente en un sistema desbordado.
La protección integral de los derechos de la infancia migrante
El objetivo primordial en este escenario debe ser garantizar el cumplimiento de todos los derechos de la infancia migrante. UNICEF España hace hincapié en que, más allá de las medidas de reparto y reubicación, es fundamental que los sistemas de protección autonómicos, con el apoyo del gobierno central, aseguren la plena protección de todos los niños y niñas bajo su tutela en el menor tiempo posible.
La organización reconoce la complejidad del desafío y la necesidad de encontrar un equilibrio entre la urgencia de la situación y la implementación de soluciones a largo plazo. Es crucial que cualquier reforma o medida adoptada tenga como prioridad el interés superior del menor, garantizando no solo su seguridad física, sino también su bienestar emocional, su acceso a la educación y su integración social.
El compromiso de recursos por parte del gobierno central es un aspecto clave en este proceso. No solo se trata de distribuir a los menores entre las diferentes comunidades autónomas, sino de asegurar que cada región cuente con los medios necesarios para proporcionar una atención adecuada. Esto incluye infraestructuras apropiadas, personal especializado y programas de apoyo que faciliten la integración y el desarrollo de estos jóvenes en la sociedad española.
La situación actual requiere de una respuesta coordinada y solidaria por parte de todas las administraciones implicadas. Es fundamental superar las diferencias políticas y priorizar el bienestar de los menores migrantes, reconociendo que se trata de una responsabilidad compartida que trasciende las fronteras autonómicas. Solo a través de un esfuerzo conjunto y sostenido se podrá garantizar una protección efectiva y duradera para estos niños y niñas, cumpliendo así con los compromisos internacionales de España en materia de derechos de la infancia y asilo.
