En un giro inesperado en el caso Tsunami Democràtic, dos de las principales acusaciones populares, Vox y la asociación Dignidad y Justicia, han presentado escritos en los que desafían la decisión de la Audiencia Nacional de invalidar las diligencias acordadas por el instructor en los últimos tres años. Ambas partes argumentan que existe la posibilidad de considerar que la prórroga de la investigación se realizó de forma correcta, lo que daría validez a las actuaciones posteriores.
Este desarrollo revela una lucha jurídica por mantener viva la investigación sobre los presuntos delitos de terrorismo vinculados al movimiento independentista catalán Tsunami Democràtic. Las acusaciones populares buscan convencer a la Sala de lo Penal de que revise su posición y abra la puerta a continuar con las pesquisas, a pesar de la decisión inicial de archivo.
LA FECHA LÍMITE PARA LA PRÓRROGA
Las acusaciones populares sostienen que la fecha límite para acordar la prórroga de la instrucción no era el 29 de julio de 2021, como señaló la Sala de lo Penal, sino el 8 de agosto de ese año. Argumentan que existe «la posibilidad de considerar como causa de suspensión el tiempo dedicado a la traducción de una comisión rogatoria».
En este sentido, Dignidad y Justicia insiste en la «temporaneidad de la prórroga» y pide a la Sala de lo Penal que dicte una nueva resolución en la que se pronuncie sobre esta posibilidad. Por su parte, Vox se adhiere a la petición de Dignidad y Justicia, reclamando a la Sala de lo Penal que evalúe el planteamiento de que el plazo límite para ampliar el periodo de las pesquisas era el 8 de agosto de 2021.
LA VALIDEZ DE LAS DILIGENCIAS POSTERIORES
Las acusaciones populares sostienen que, si se considera que la prórroga de la investigación se realizó de forma correcta, esto daría validez a las diligencias posteriores, incluyendo la exposición razonada por la que se pidió al Tribunal Supremo que investigara por terrorismo al expresidente catalán Carles Puigdemont.
Vox insiste en que, en el auto en el que acordó el archivo, el juez señaló que de «las averiguaciones declaradas nulas» se podía concluir que los hechos investigados podían ser calificados como delito de terrorismo, pero que por haberse practicado las diligencias fuera de plazo no podía seguir investigando a los imputados, entre los que figuran la secretaria general de ERC, Marta Rovira.
LA RESPUESTA DE LA SALA DE LO PENAL
Contra la decisión de la Sala de lo Penal de invalidar las diligencias de los últimos tres años, no cabe recurso, pero las acusaciones recuerdan que la ley les permite solicitar que se complementen los fundamentos jurídicos contenidos en el auto del tribunal. Y así lo han hecho.
Dignidad y Justicia insiste en que ya había planteado su argumento con anterioridad a la Sala de lo Penal y considera que en el auto en el que se invalidan los últimos tres años de investigación no se le ha dado la «oportuna respuesta».
Ahora, la Sala de lo Penal deberá evaluar los argumentos presentados por Vox y Dignidad y Justicia y determinar si procede revisar su decisión inicial de archivar la causa.
