La financiación autonómica en España ha sido un tema de constante debate y controversia desde la implementación del sistema actual en 2009. A pesar de los múltiples intentos de reforma, el sistema ha permanecido sin cambios significativos durante más de una década, generando crecientes tensiones entre las diferentes comunidades autónomas y el gobierno central. Esta situación ha puesto de manifiesto la urgente necesidad de una revisión profunda que aborde las desigualdades existentes y garantice una distribución más equitativa de los recursos.
En este contexto, la comparecencia del director ejecutivo de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), Ángel de la Fuente, ante la Comisión especial de estudio de las Cortes de Aragón sobre el nuevo sistema de financiación autonómica, ha arrojado luz sobre los desafíos y posibles soluciones para abordar esta compleja cuestión. Sus propuestas y análisis han suscitado un intenso debate entre los representantes políticos, evidenciando la diversidad de perspectivas y la dificultad de alcanzar un consenso en esta materia crucial para el funcionamiento del Estado autonómico español.
La necesidad de un pacto entre los grandes partidos
La reforma del sistema de financiación autonómica se ha convertido en un reto de proporciones considerables, que requiere un amplio consenso político para su implementación efectiva. Ángel de la Fuente ha subrayado que «solo un pacto entre los dos grandes partidos» podría posibilitar una reforma real y duradera. Esta afirmación pone de manifiesto la complejidad del proceso y la importancia de superar las divisiones partidistas para lograr un acuerdo que beneficie a todas las comunidades autónomas.
El retraso de diez años en la renovación y modificación del sistema es un claro indicador de las dificultades inherentes a este proceso. La polarización política y los intereses divergentes de las distintas regiones han obstaculizado los intentos previos de reforma. En este sentido, De la Fuente sugiere un enfoque gradual, comenzando con cambios que no requieran grandes acuerdos, como una estrategia para impulsar el proceso de reforma sin generar bloqueos inmediatos.
La propuesta de establecer un fondo transitorio de nivelación para complementar la financiación de las comunidades infra financiadas se presenta como una medida inicial que podría allanar el camino para futuras reformas más profundas. Esta iniciativa, que supondría una aportación de unos 3.000 millones de euros anuales por parte del Estado, beneficiaría a regiones como Murcia, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Andalucía, abordando así algunas de las desigualdades más acuciantes del sistema actual.
Mejoras en la transparencia y la gestión fiscal
Uno de los aspectos fundamentales para la reforma del sistema de financiación autonómica es la mejora de la transparencia y la eficiencia en la gestión fiscal. De la Fuente ha planteado que el sistema de retenciones y de entregas a cuenta debería reflejar la evolución real de la recaudación a lo largo del año. Esta medida contribuiría a una mayor claridad en las cuentas públicas y permitiría a las comunidades autónomas realizar una planificación presupuestaria más precisa y ajustada a la realidad económica.
Asimismo, se ha propuesto regular de forma más clara la recaudación normativa respecto a las escalas impositivas. La idea de establecer una escala autonómica de referencia para calcular las aportaciones, junto con mecanismos definidos para ajustarla, podría proporcionar un marco más estable y predecible para la gestión fiscal de las comunidades autónomas. Esta propuesta busca equilibrar la autonomía fiscal de las regiones con la necesidad de mantener cierta homogeneidad en el sistema tributario nacional.
La implementación de herramientas colectivas y solidarias de responsabilidad fiscal se presenta como otro elemento crucial para la reforma. Estas herramientas permitirían una redistribución más eficiente de los recursos, contribuyendo a reducir las disparidades entre las comunidades más ricas y las más pobres. Sin embargo, De la Fuente advierte que, si bien el grado de nivelación debe ser muy alto, no necesariamente debe alcanzar el 100%, reconociendo así la importancia de mantener ciertos incentivos para la eficiencia y el desarrollo económico regional.
Desafíos y perspectivas de los diferentes grupos políticos
Las reacciones de los diferentes grupos políticos a las propuestas presentadas por De la Fuente reflejan la diversidad de perspectivas y preocupaciones en torno a la reforma del sistema de financiación autonómica. La diputada popular Elena Allué ha planteado dudas sobre la oportunidad de abordar la reforma en el contexto actual, especialmente tras la polémica generada por la condonación de la deuda catalana, que ha sido percibida como un agravio comparativo por otras comunidades.
Por su parte, el representante socialista Óscar Galeano ha puesto el foco en el incremento de los presupuestos y recursos para las comunidades autónomas tras la crisis del COVID-19, cuestionando la eficacia de las herramientas existentes y su utilización. Esta perspectiva sugiere la necesidad de evaluar no solo la distribución de los recursos, sino también su gestión eficiente por parte de las administraciones autonómicas.
Desde Vox, Fermín Civiac ha expresado reservas sobre la idoneidad de crear un nuevo sistema, advirtiendo sobre los riesgos de implementar uno peor que el actual. Su cuestionamiento del «uso del bipartidismo como solución» refleja una preocupación por la posibilidad de que los acuerdos entre los grandes partidos no respondan a las necesidades reales de todas las comunidades autónomas.
José Luis Soro, de CHA, ha enfatizado la importancia de ajustar la población a la realidad del coste de la prestación de servicios como clave para la reforma. Esta posición subraya la necesidad de considerar factores como la dispersión geográfica y las características demográficas específicas de cada región en el cálculo de las necesidades de financiación.
La representante de Aragón-Teruel Existe, Pilar Buj, ha resaltado que la nivelación de la financiación por habitante no garantiza la igualdad en la capacidad de prestación de servicios, especialmente en regiones con alta dispersión poblacional como Aragón. Esta perspectiva pone de manifiesto la importancia de considerar las particularidades territoriales en el diseño del nuevo sistema.
Álvaro Sanz, de Izquierda Unida, ha valorado positivamente la propuesta de implementar herramientas colectivas, aunque ha reconocido la dificultad de avanzar en mecanismos que supongan una ruptura significativa con los principios aplicados hasta ahora. Su intervención refleja la tensión entre la necesidad de cambio y las resistencias a modificaciones profundas del sistema.
Finalmente, Alberto Izquierdo, del Partido Aragonés, ha abogado por un mayor peso de los territorios singulares como Aragón en el sistema de financiación, debido a las dificultades para prestar servicios en áreas despobladas. Su petición de una Hacienda Foral para Aragón subraya la diversidad de aspiraciones y modelos de financiación contemplados por las diferentes fuerzas políticas.
En conclusión, la reforma del sistema de financiación autonómica se presenta como un desafío complejo que requerirá un delicado equilibrio entre las aspiraciones de las diferentes comunidades autónomas, la necesidad de garantizar la equidad en la prestación de servicios públicos, y la importancia de mantener la cohesión territorial y la solidaridad interregional. El éxito de esta reforma dependerá en gran medida de la capacidad de los actores políticos para alcanzar un consenso que trascienda las divisiones partidistas y responda a las necesidades reales de todos los territorios que conforman el Estado español.
