La querella presentada por Alberto González Amador, pareja de la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso, contra la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, por la presunta comisión de un delito de revelación de secretos por funcionario, ha dado un giro inesperado. El magistrado Francisco José Goyena ha elevado la causa al Tribunal Supremo, solicitando que se investigue también al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por su presunta implicación en la difusión de una nota informativa que daba cuenta del cruce de correos entre el abogado de Alberto González y el fiscal del caso.
El ICAM, como acusación particular, también ha solicitado la elevación de la causa al Alto Tribunal, lo que evidencia la gravedad de los hechos y la necesidad de una investigación exhaustiva que aclare las responsabilidades de todos los implicados.
Revelación de Secretos: La Fiscal Jefe de Madrid y el Fiscal General del Estado en el Punto de Mira
La difusión de la nota informativa por parte de la Fiscalía de Madrid ha sido cuestionada por el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), quien considera que dicha acción «no se corresponde con la alegada finalidad» de desmentir un bulo, ya que «aparte de exceder en su contenido a lo que aparece divulgado en la Prensa, supone la divulgación de datos e información que no puede ser revelada a terceros. Esto, según el juez, perjudica «a un tercero e incluso a un interés colectivo, si se atiende al derecho de defensa, no sólo del particular, sino también en general y a lo que tendería la finalidad de la querella presentada por el Colegio de la Abogacía de Madrid*.
En este contexto, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha asumido su responsabilidad en la difusión de la nota, lo que ha llevado al instructor a elevar la causa al Tribunal Supremo, ya que al ser García Ortiz un aforado, su declaración no puede ser asumida por el juez del TSJM.
La Fiscalía, por su parte, había solicitado el archivo de la causa ante «la inexistencia de motivos suficientes de criminalidad respecto de los querellados», alegando que la nota informativa se publicó como consecuencia de la necesidad de desmentir «noticias alejadas totalmente de la realidad» que se habían publicado en relación a un supuesto ofrecimiento de un pacto por parte de la Fiscalía a Alberto González.
Implicaciones y Futuro de la Investigación
La elevación de la causa al Tribunal Supremo es una medida excepcional que refleja la gravedad de los hechos y la necesidad de una investigación exhaustiva. Tanto el ICAM, como acusación particular, como la defensa de Alberto González Amador, han solicitado que sea el Alto Tribunal el que continúe con las diligencias instructoras.
Esta decisión del magistrado del TSJM pone de manifiesto la complejidad y la delicadeza del caso, en el que se encuentran involucrados altos cargos de la Fiscalía y que requiere de una investigación rigurosa y transparente para esclarecer las responsabilidades de todos los implicados. La comunidad jurídica y la opinión pública seguirán de cerca la evolución de este caso, que sin duda marcará un precedente en la forma en que se abordan casos que involucran a figuras destacadas del sistema judicial español.
