La Audiencia Provincial de Pontevedra ha resuelto este martes el juicio contra dos responsables de un club de alterne de O Porriño que tenían a 12 mujeres en situación irregular. La vista se ha saldado con penas mínimas, que no implicarán el ingreso en prisión de los acusados.
Este caso pone de manifiesto la necesidad de endurecer las penas para este tipo de delitos que atentan contra los derechos de las trabajadoras y permiten la explotación laboral. Si bien es cierto que los responsables han reconocido los hechos, las condenas impuestas parecen insuficientes para disuadir a otros empresarios de incurrir en prácticas similares.
Acuerdo y Rebaja de Condena para el Gerente del Club
Inicialmente, la Fiscalía pedía para el gerente del Club Falcon Crest una pena de dos años y tres meses. Sin embargo, el procesado ha llegado a un acuerdo y ha reconocido los hechos de los que estaba acusado, lo que ha supuesto una rebaja en la condena, que quedó en una pena de 6 meses de prisión y multa de 6 meses con una cuota de 10 euros, con inhabilitación especial para dedicarse a actividades de gestión y administración de locales de alterne.
Esta reducción de la pena puede ser cuestionable, ya que el reconocimiento de los hechos no debería ser suficiente para evitar una condena más severa. Los delitos de explotación laboral y tráfico de personas deben ser castigados con mayor firmeza para enviar un mensaje claro a quienes se lucran a costa de la vulnerabilidad de las trabajadoras.
Condena Mantenida para la Propietaria del Local
La otra persona acusada, también propietaria de este local, no ha reconocido los hechos, por lo que la Fiscalía ha mantenido la pena solicitada inicialmente de seis meses de cárcel, multa de seis meses con una cuota diaria de 20 euros e inhabilitación especial por el mismo tiempo para la actividad de arrendamiento del local de su propiedad para local de alterne.
Esta decisión, si bien es más acorde con la gravedad de los hechos, sigue resultando insuficiente para castigar adecuadamente a quienes permiten y se benefician de la explotación laboral de mujeres en situación de vulnerabilidad. Es necesario que la justicia envíe un mensaje contundente a este tipo de prácticas ilegales y éticamente cuestionables.
Necesidad de Endurecer las Penas y Proteger a las Víctimas
Según el escrito de Fiscalía, en octubre del año 2018 el Club Falcon Crest tuvo una inspección que detectó que 12 de las mujeres que trabajaban allí estaban en situación irregular, sin permiso de trabajo y sin estar dadas de alta en la Seguridad Social, mientras que otras cuatro no estaban dadas de alta en la Seguridad Social.
Estos hechos revelan prácticas de explotación laboral que deben ser castigadas con mayor contundencia. Es fundamental que la legislación se endurezca para proteger los derechos de las trabajadoras y evitar que empresarios sin escrúpulos se lucren a costa de su vulnerabilidad.
Asimismo, es necesario reforzar los mecanismos de inspección y sanción para este tipo de establecimientos, así como garantizar una adecuada asistencia y acompañamiento a las víctimas de estos delitos. Solo así podremos avanzar hacia una sociedad más justa e igualitaria, donde nadie se vea obligado a aceptar condiciones de trabajo abusivas.
