La pandemia COVID-19 ha tenido un impacto significativo en la movilidad y el tráfico en las autopistas de peaje españolas. Algunas empresas concesionarias han solicitado compensaciones al Gobierno por las reducciones de tráfico registradas durante este período. Sin embargo, el Ejecutivo ha rechazado estas peticiones, argumentando que no se ha demostrado la relación de causalidad entre las medidas adoptadas y la pérdida de ingresos.
El artículo analiza en detalle la posición del Gobierno y las razones por las que ha denegado las solicitudes de compensación presentadas por las principales concesionarias, como Acesa, Aulesa, Ausol, Avasa y Castellana, principalmente de Abertis. El Gobierno ha determinado que durante los períodos de «nueva normalidad» y el segundo estado de alarma, no se impusieron límites generalizados a la movilidad a nivel estatal, por lo que la disminución de ingresos no puede atribuirse a medidas concretas adoptadas por las autoridades.
Además, el Ejecutivo señala que la doctrina del riesgo imprevisible no puede aplicarse para garantizar el beneficio al contratista, y que la fuerza mayor tampoco se considera una justificación válida, ya que la interpretación restrictiva de este concepto no permite equiparar una pandemia a otros fenómenos naturales.
Tras analizar las solicitudes, con la participación de la Abogacía del Estado y el Consejo de Estado, el Gobierno ha resuelto en un solo trámite desestimar todas las peticiones de compensación presentadas por las empresas concesionarias.
La Evolución de la Movilidad en Autopistas de Peaje durante la Pandemia
Durante el período de estado de alarma declarado en marzo de 2020, se adoptaron medidas para hacer frente al impacto económico y social de la pandemia, y se consideraron las condiciones por las que las empresas concesionarias podrían solicitar compensaciones. Sin embargo, esta fase ya ha concluido, habiéndose ampliado el contrato únicamente para la sociedad concesionaria Aulesa, que gestiona la autopista AP-71.
En los períodos posteriores de «nueva normalidad» y el segundo estado de alarma, el Gobierno subraya que no se establecieron límites generalizados a la movilidad a nivel estatal. Si bien es cierto que el tráfico en las autopistas de peaje se vio afectado por la pandemia COVID-19, el Ejecutivo considera que las empresas concesionarias no han logrado demostrar la relación directa entre las medidas adoptadas y la disminución de ingresos.
Implicaciones y Perspectivas Futuras
La decisión del Gobierno de rechazar las solicitudes de compensación presentadas por las empresas concesionarias de autopistas de peaje tiene importantes implicaciones para el sector. Por un lado, supone un revés para las aspiraciones de estas compañías de recuperar los ingresos no percibidos durante la pandemia. Por otro, pone de manifiesto la posición firme del Ejecutivo en cuanto a la aplicación de los principios legales y la exigencia de una acreditación sólida de la relación de causalidad entre las medidas y las pérdidas.
Esta resolución podría sentar un precedente en futuras situaciones de crisis que afecten a los ingresos de las concesionarias, dejando en evidencia la dificultad de obtener compensaciones por parte del Gobierno. Además, plantea interrogantes sobre cómo el sector de las autopistas de peaje en España deberá adaptarse y afrontar los desafíos planteados por la pandemia COVID-19 y posibles crisis futuras.
