En un momento crucial para la democracia española, Sumar y el PSOE han alcanzado un acuerdo trascendental para reformar el Código Penal y la Ley Orgánica que rige el derecho al honor. Esta iniciativa busca eliminar los denominados «delitos de opinión» y establecer mecanismos de reparación pública para aquellos que se vean afectados por procesos judiciales prolongados que no deriven en juicio oral.
La reforma propuesta tiene como objetivo fundamental proteger la libertad de expresión y combatir el uso indebido del sistema judicial para desprestigiar a líderes políticos, sociales y sindicales. Esto se lograría mediante la supresión de los delitos contra los sentimientos religiosos, las injurias al Rey y a las altas instituciones del Estado.
Eliminación de los Delitos de Opinión
Una de las principales medidas acordadas entre Sumar y el PSOE es la eliminación del delito contra los sentimientos religiosos, el cual ha sido utilizado en el pasado por colectivos como Abogados Cristianos para presentar querellas contra representantes del mundo de la cultura y la prensa. Asimismo, se impulsará la derogación de los delitos contra la Corona y las injurias a las altas instituciones del Estado, que han derivado en condenas contra humoristas y personas críticas con el Gobierno, el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional o el Ejército.
Estas reformas responden a la necesidad de proteger la libertad de expresión y garantizar que el sistema judicial no se utilice como herramienta de desprestigio político. Al eliminar estos denominados «delitos de opinión», se busca evitar que se abran procesos judiciales con el objetivo único de generar titulares y minar la imagen pública de líderes políticos, sociales y sindicales.
Reparación Pública ante Procesos Judiciales Prolongados
Otro elemento clave de la reforma es la modificación de la Ley Orgánica que rige el derecho al honor. Según lo acordado, se incluirá una «reparación pública» ante procesos judiciales prolongados en el tiempo que, al final, no deriven en la apertura de un juicio oral, pero que hayan generado un desprestigio para el afectado.
El portavoz adjunto de Sumar en el Congreso, Enrique Santiago, ha explicado que es necesario actuar ante investigaciones indeterminadas que no acaban en juicio y de las que no existe «ningún tipo de prueba», pero que tienen un «claro efecto político» para «desprestigiar» a líderes. Si bien aún no se ha concretado el mecanismo específico de reparación, una posible vía sería que los medios de comunicación publiquen los archivos de las causas archivadas con la misma importancia que le dieron a la información durante la investigación.
En resumen, la reforma del Código Penal y de la Ley Orgánica del Derecho al Honor impulsada por Sumar y el PSOE representa un avance significativo en la protección de la libertad de expresión y el derecho al honor de los ciudadanos, al tiempo que combate el uso indebido del sistema judicial con fines políticos. Esta iniciativa se enmarca en un paquete más amplio de medidas de regeneración democrática que serán detalladas próximamente por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
