La resolución del Tribunal Supremo que rechazó amnistiar la malversación tanto para el expresidente de Cataluña, Carles Puigdemont, como para los condenados por el referéndum ilegal del 1-O, ha abierto una nueva fase en la complicada trama judicial del ‘procés’. El partido político Vox, que ejerce la acusación popular en esta causa, ha solicitado al Tribunal Supremo que reactive las órdenes europeas de detención y entrega (OEDE) contra Puigdemont y otros exmiembros del gobierno regional que huyeron de España.
Según el escrito presentado por Vox, una vez que el tribunal ha descartado aplicar la ley de amnistía al delito de malversación de fondos públicos, es necesario dictar nuevas OEDE «a fin de lograr el enjuiciamiento de los investigados fugados». La urgencia de esta medida se justifica por los resultados de las recientes elecciones al Parlamento Europeo y al Parlamento catalán, de los que el partido infiere que Puigdemont, Comín y Ponsatí «no gozan de la inmunidad parlamentaria».
El Periplo Judicial de Puigdemont
El caso de Carles Puigdemont ha sido un auténtico laberinto jurídico desde que huyó de España en 2017. En un principio, el juez instructor Pablo Llarena retiró las euroórdenes lanzadas contra él y otros huidos, luego las reactivó y, posteriormente, volvió a dejarlas sin efecto tras la reforma penal que eliminó el delito de sedición.
Sin embargo, la batalla legal no ha terminado. En enero de 2023, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dio la razón a Llarena al sentenciar que la Justicia belga no podía rechazar la entrega de los encausados por el ‘procés’ reclamados para ser juzgados en España, entre ellos Puigdemont, basándose en el riesgo de que se violen sus derechos fundamentales. Ahora, Vox solicita que se reactive la OEDE contra el expresidente catalán y otros exmiembros de su gobierno.
La Búsqueda de la Justicia
La complejidad del caso y los múltiples giros judiciales demuestran la necesidad de recuperar la confianza en el sistema de Justicia en España. La reactivación de las órdenes de detención europeas contra los líderes del ‘procés’ huidos sería un paso importante para restablecer el Estado de Derecho y garantizar que todos los implicados en este conflicto político sean juzgados de acuerdo con la ley.
Sin embargo, este proceso no está exento de desafíos y controversias. La inmunidad parlamentaria de algunos de los investigados, así como las alegaciones sobre posibles violaciones de derechos fundamentales, son cuestiones que deberán ser abordadas con cautela y respeto por las instituciones judiciales.
En definitiva, la batalla legal por el futuro de Cataluña continúa, y la resolución del Tribunal Supremo sobre la malversación ha abierto una nueva etapa en la que la recuperación de la Justicia será clave para encontrar una solución duradera a este complejo conflicto.
