La justicia es uno de los pilares fundamentales de toda sociedad democrática. Sin embargo, en la actualidad, el sistema judicial español se enfrenta a importantes retos que ponen en entredicho su eficacia y legitimidad. Es crucial que se implementen reformas que fortalezcan la independencia y transparencia del Poder Judicial, garantizando así una administración de justicia más justa y equitativa para todos los ciudadanos.
En este contexto, la portavoz de Compromís en el Congreso, Águeda Micó, ha criticado duramente que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya dejado fuera de su plan de regeneración las reformas necesarias en materia de justicia. Micó considera que es imprescindible abordar cuestiones clave como la recuperación de la responsabilidad civil directa contra jueces y el límite al abuso de la acción popular por parte de formaciones como Vox o asociaciones como Manos Limpias.
DEMOCRATIZAR LA JUSTICIA: UN RETO URGENTE
La profundización del sistema democrático en España pasa inevitablemente por la democratización del Poder Judicial. Micó señala que el sistema judicial actual es uno de los principales obstáculos para el pleno desarrollo de la acción política de los diferentes diputados y personas que se dedican a la política. Esto se debe, en gran medida, a los problemas de independencia y falta de rendición de cuentas que aquejan a la Justicia española.
Para revertir esta situación, es fundamental emprender reformas que mejoren el acceso a la carrera judicial, estableciendo criterios más transparentes y objetivos. Además, se debe abordar el problema del «lawfare», es decir, el uso indebido de la justicia con fines políticos o de acoso a determinados actores. Una de las medidas clave sería recuperar la responsabilidad civil de los jueces que hagan un «mal uso» de la acción judicial, lo que serviría como mecanismo de rendición de cuentas y disuasiión de prácticas abusivas.
Asimismo, es necesario limitar el abuso de la acción popular que realizan formaciones como Vox o asociaciones como Manos Limpias. Estos grupos a menudo utilizan esta figura legal para entorpecer y obstaculizar la labor de determinados actores políticos, lo que en la práctica se traduce en una interferencia indebida en el funcionamiento de las instituciones democráticas.
HACIA UNA JUSTICIA MÁS TRANSPARENTE Y EFICAZ
La transparencia y la eficacia son otros dos elementos clave para la regeneración del sistema judicial español. Micó reconoce que es positivo que el Gobierno aborde cuestiones como el gobierno abierto, la transparencia y la pluralidad de los medios de comunicación. Sin embargo, considera que estas medidas son insuficientes si no se acompañan de reformas en materia de justicia.
Una justicia más transparente y eficaz debe ser capaz de rendir cuentas ante la ciudadanía y someterse a mecanismos de escrutinio público. Esto implica, por ejemplo, aumentar la publicidad de los procesos judiciales, mejorar los sistemas de selección y promoción de los jueces y fortalecer los sistemas de control y disciplina dentro del Poder Judicial.
Además, es fundamental que las reformas en materia de justicia se aborden de manera integral y sistémica, sin limitarse a aspectos parciales o puntuales. Solo de esta manera se podrá garantizar que el sistema judicial español esté a la altura de las exigencias de una sociedad democrática moderna y avanzada.
EL LIDERAZGO POLÍTICO, CLAVE PARA LA REGENERACIÓN JUDICIAL
En última instancia, la regeneración del sistema judicial en España requiere de un liderazgo político firme y decidido. Micó critica que el presidente Sánchez haya excluido las reformas en materia de justicia de su plan de regeneración, lo que denota una falta de compromiso y voluntad política para abordar este reto fundamental.
Para que las reformas en el ámbito de la justicia tengan éxito, es imprescindible que cuenten con el respaldo y el impulso de las más altas instancias del Gobierno. Solo así se podrá garantizar que los cambios necesarios se lleven a cabo de manera efectiva y con el consenso de los diferentes actores implicados.
En este sentido, es crucial que el Ejecutivo escuche y dialogue con los distintos sectores de la sociedad civil, las asociaciones profesionales y los expertos en materia de justicia. Solo a través de este proceso participativo y transparente se podrá diseñar e implementar una hoja de ruta que permita transformar el sistema judicial español y hacerlo más independiente, eficaz y cercano a los ciudadanos.
