La Comunidad de Madrid ha sido el epicentro de un intenso debate en torno a la Ley Trans autonómica, que ha sido recurrida por el Gobierno central ante el Tribunal Constitucional. La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, ha defendido enérgicamente esta normativa, calificándola de «plenamente constitucional» y destacando el empeño del Ejecutivo regional por proteger a los menores «frente a la ideología».
La Posición del Gobierno Autonómico
El Gobierno de la Comunidad de Madrid considera que la Ley Trans es una norma que «responde básicamente al criterio de las sociedades médicas y de los profesionales», especialmente en ámbitos como la pediatría y la salud mental infantojuvenil. Dávila ha subrayado que el Ejecutivo regional «va a proteger siempre a los menores» y los acompañará junto a sus familias en este «proceso que puede ser irreversible», priorizando «los criterios profesionales y la ciencia frente a la ideología».
Los Recursos de Inconstitucionalidad
El Gobierno central ha interpuesto recursos de inconstitucionalidad contra varios artículos de la Ley Trans y la Ley LGTBI de la Comunidad de Madrid, lo que ha implicado la suspensión cautelar de su vigencia y aplicación. Según el Tribunal Constitucional, el Ejecutivo alega la posible vulneración de hasta cuatro artículos de la Constitución y considera que podría haber infracciones competenciales.
Entre los aspectos cuestionados se encuentran el derecho de las personas transexuales a recibir «acompañamiento y tratamiento en la decisión de desistir o revertir el proceso de cambio de sexo», así como la obligatoriedad de que los menores reciban apoyo de profesionales de salud mental antes de iniciar cualquier tratamiento médico relacionado con su transexualidad.
La Posición del Gobierno Central
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha explicado que la normativa de la Comunidad de Madrid es «regresiva» y «limita y vulnera» los derechos de las personas trans y LGTBI reconocidos en la legislación estatal. El Gobierno impugna, en particular, la excepción a la prohibición de las terapias de conversión y la patologización de los menores trans, al exigirles un proceso de acompañamiento psicológico o psiquiátrico y un informe facultativo favorable para iniciar su transición.
Redondo ha señalado que esta decisión se adoptó tras intentar la vía de la negociación a través de la Comisión Bilateral entre la Administración General del Estado y la Comunidad de Madrid. Sin embargo, el Ejecutivo central considera que los derechos de las personas trans y LGTBI «no pueden esperar» y que es necesario garantizar su ejercicio en igualdad de condiciones en todo el territorio español.
En resumen, la Comunidad de Madrid y el Gobierno central mantienen posiciones contrapuestas en torno a la Ley Trans autonómica, con el Tribunal Constitucional llamado a dirimir la constitucionalidad de esta normativa y su impacto en la protección de los derechos de las personas trans y LGTBI en la región.
