El exgobernante de Andalucía, Manuel Chaves, ha protagonizado un escándalo sin precedentes al comparecer públicamente tras la decisión del Tribunal Constitucional sobre el caso de los ERE. Ester Muñoz, vicesecretaria de Sanidad y Educación del PP, lo ha calificado como «el mayor acto de apología de la corrupción que se ha vivido en la historia democrática de España».
Chaves, quien fuera presidente de la Junta de Andalucía durante casi 19 años, se ha mostrado orgulloso de su gestión, a pesar de haber sido condenado a nueve años de inhabilitación por el «procedimiento específico» de financiación de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos. Esta actitud de soberbia y desvergüenza ha sido duramente criticada por Muñoz, quien ha señalado que es un «ejercicio de apología de la corrupción» que «pone en el foco al Gobierno de Pedro Sánchez.
El Impacto en la Política Andaluza y Nacional
Según Chaves, la decisión del Tribunal Constitucional marca un «punto de inflexión» en la política andaluza y el «principio del fin» de los gobiernos del PP en la comunidad autónoma. En su comparecencia, ha acusado al PP de montar «una operación» para echar al PSOE-A de la Junta de Andalucía, afirmando que «si hubo una confabulación, fue contra el Gobierno socialista».
Muñoz, por su parte, ha denunciado que la actitud de Chaves «le está diciendo a todos los españoles que ésa es la política del Partido Socialista y que lo que puede esperar de sus gobiernos es que roben y desfalquen a todos los ciudadanos allí donde gobiernan». Según la dirigente popular, esta situación es «una absoluta desvergüenza que no puede quedar impune» y ha exigido que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tome medidas al respecto.
Cuestionamiento de la Imparcialidad del Tribunal Constitucional
Además de las reacciones políticas, el PP también ha cuestionado la imparcialidad del Tribunal Constitucional en este caso. El líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que hay un «vacío legal» en relación con la abstención de los magistrados del Constitucional y que varios de ellos «deberían haberse abstenido» en el fallo de los ERE por incompatibilidad de sus trabajos y decisiones en empleos públicos anteriores.
Este escándalo de corrupción ha sacudido los cimientos de la política andaluza y nacional, poniendo en tela de juicio la integridad de algunos de los máximos representantes del PSOE y cuestionando la imparcialidad del propio Tribunal Constitucional. La reacción del PP y las exigencias de Muñoz a Sánchez evidencian la gravedad de la situación y la necesidad de una investigación exhaustiva que esclarezca los hechos y depure responsabilidades.
