La sentencia del Tribunal Supremo español ha puesto de manifiesto una vez más los incumplimientos de la normativa europea sobre empleo temporal en el sector público. Si bien el tribunal ha señalado algunos avances, como la declaración de nulidad de ciertos aspectos de los decretos relativos a la oferta de empleo público, la realidad es que aún quedan importantes retos por resolver.
Incumplimiento de la Directiva Europea sobre Trabajo Temporal
El sindicato Fetap-CGT ha señalado que la Directiva 1999/70/CE sobre el trabajo de duración determinada «sigue sin estar transpuesta en el sector público», lo que ha permitido que las administraciones públicas evadan las consecuencias del incumplimiento de los límites temporales para los trabajadores temporales. Esto ha dado lugar a situaciones de abuso de temporalidad que deben ser abordadas con urgencia.
Falta de Reserva de Plazas para Personas con Discapacidad
Otro aspecto destacado por la sentencia es la falta de previsión de la reserva legal para personas con discapacidad en las plazas cuyo sistema de selección sea el concurso. Esta omisión contraviene los principios de igualdad de oportunidades y no discriminación que deben regir en el acceso al empleo público.
Responsabilidad del Ministerio de Función Pública
El sindicato Fetap-CGT ha señalado al Ministerio para la Transformación Pública y de Función Pública, liderado por el ministro José Luis Escrivá, como «principal culpable» de esta situación. Sin embargo, el sindicato también reconoce que el ministro Escrivá tiene «una nueva oportunidad para cumplir» mediante el anteproyecto de ley de Función Pública, recientemente aprobado por el Consejo de Ministros.
Es evidente que la Administración Pública española debe dar pasos decisivos para alinear sus prácticas de empleo con la normativa europea, garantizando la estabilidad laboral, la igualdad de oportunidades y el respeto a los derechos de los trabajadores temporales. La sentencia del Tribunal Supremo representa una oportunidad para que el Gobierno y las autoridades competentes asuman su responsabilidad y emprendan las reformas necesarias.
