El Gobierno ha presentado recursos de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC) contra varias reformas legales impulsadas por la Comunidad de Madrid en materia de identidad de género y protección contra la LGTBIfobia. Estas medidas autonómicas han sido consideradas regresivas y contrarias a los derechos fundamentales reconocidos a nivel estatal.
La suspensión cautelar de los preceptos impugnados por el Gobierno conlleva importantes consecuencias en cuanto a la atención sanitaria de personas transexuales, la prohibición de terapias de conversión y los procesos de transición de menores. Este artículo profundiza en los detalles de esta confrontación legislativa entre las diferentes administraciones públicas.
Recursos de Inconstitucionalidad del Gobierno
El Gobierno ha presentado recursos de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional contra diversos artículos de dos reformas de ley impulsadas por la Comunidad de Madrid. Estas normas autonómicas están relacionadas con la identidad de género y la protección contra la LGTBIfobia.
En concreto, el Gobierno ha impugnado varios apartados de la Ley 17/2023, que modifica la Ley 2/2016 sobre identidad y expresión de género, así como el apartado catorce del artículo único de la Ley 18/2023, que reforma la Ley 3/2016 de protección integral contra la LGTBIfobia. El TC ha acordado suspender cautelarmente la vigencia y aplicación de estos preceptos recurridos.
Según el Gobierno, estos aspectos de la legislación madrileña podrían vulnerar diversos artículos de la Constitución y podrían suponer infracciones competenciales. Entre los apartados impugnados se encuentran aquellos relacionados con la atención sanitaria a personas transexuales, la prohibición de terapias de conversión y los procesos de transición de menores.
Posición del Gobierno y de la Comunidad de Madrid
El Gobierno considera que la normativa aprobada por la Comunidad de Madrid en 2023 es «regresiva» y «limita y vulnera» los derechos de las personas trans y LGTBI reconocidos en la legislación estatal. Por ello, ha recurrido aquellos aspectos que considera anticonstitucionales por atentar contra los derechos fundamentales o invadir competencias del Estado.
Entre los puntos impugnados por el Gobierno se encuentran la excepción a la prohibición de terapias de conversión, la patologización de menores trans al exigirles informes médicos favorables para acceder a tratamientos y la exclusión de organizaciones LGTBI como posibles interesadas en procedimientos administrativos y penales.
La Comunidad de Madrid, por su parte, defiende que su normativa busca garantizar y proteger los derechos de las personas trans y LGTBI. Sin embargo, el Gobierno considera que estas medidas autonómicas son regresivas y vulneran los derechos reconocidos a nivel estatal, motivo por el cual ha recurrido ante el Tribunal Constitucional.
La suspensión cautelar de los preceptos impugnados tendrá importantes consecuencias prácticas, como el carácter absoluto de la prohibición de terapias de conversión, la eliminación del requisito de informes médicos favorables para que menores trans accedan a tratamientos y la ineficacia de la exclusión de organizaciones LGTBI como interesadas en procedimientos.
En definitiva, esta confrontación legislativa entre el Gobierno y la Comunidad de Madrid en torno a los derechos de las personas trans y LGTBI pone de manifiesto la complejidad y la importancia de garantizar la igualdad y la no discriminación en todo el territorio nacional.
