La memoria histórica es un elemento crucial para la consolidación de la democracia en España. Después de décadas de dictadura franquista, es fundamental que el país enfrente su pasado y honre a las víctimas de aquella época oscura. En este contexto, el Gobierno ha dado pasos importantes para preservar la memoria y promover la reconciliación, pero se enfrenta a desafíos significativos por parte de aquellos que buscan minimizar o reescribir la historia.
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha planteado firmemente la posición del Gobierno en este asunto. Ha emplazado al ‘president’ de la Generalitat, Carlos Mazón, a sentarse en una mesa para llegar a un acuerdo sobre la Ley de Concordia, que busca derogar la Ley de Memoria Democrática de 2017. El objetivo es que esta nueva ley se ajuste a los principios de derechos humanos establecidos por la ONU.
EL GOBIERNO RECURRIRÍA LA LEY DE CONCORDIA AL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Si la Generalitat no está dispuesta a llegar a un acuerdo, el Gobierno ha advertido que recurrirá la Ley de Concordia al Tribunal Constitucional (TC). Torres ha expresado que el Gobierno seguirá «tendiendo la mano para llegar a acuerdos«, pero ha dejado claro que cualquier intento de involución en materia de memoria histórica tendrá su rechazo absoluto.
El ministro ha sido enfático al señalar que «no tiene sentido equiparar a las víctimas de 40 años de dictadura con las víctimas o las supuestas víctimas de la Segunda República, que fue un régimen democrático». Esto es precisamente lo que la Ley de Concordia ha sido acusada de hacer, lo que ha generado una fuerte oposición del Gobierno.
LA NECESIDAD DE AVANZAR EN LA REPARACIÓN DE LAS VÍCTIMAS
Ante esta situación, Torres ha resaltado que el Gobierno ha aprobado recientemente destinar tres millones de euros para realizar exhumaciones, lo que demuestra su compromiso con la reparación de las víctimas del franquismo. Sin embargo, ha criticado duramente la intención de Vox de «blanquear la dictadura y humillar los restos de las personas que dieron su vida y eran del bando republicano«.
Según el ministro, la derogación de las normas autonómicas de Memoria Democrática fue «exigida por Vox» en diversos gobiernos regionales. Por lo tanto, Torres considera «lógico que los presidentes del PP rechacen seguir con las derogaciones», ya que supondría un retroceso en el reconocimiento de las víctimas de la dictadura.
En definitiva, la batalla por la memoria histórica en España sigue siendo un tema polémico y delicado. El Gobierno ha dejado claro su posición de defensa de los derechos humanos y su rechazo a cualquier intento de minimizar o reescribir la historia. La esperanza es que, a través del diálogo y el compromiso, se pueda avanzar en la consolidación de una democracia más sólida y justa, donde las voces de las víctimas sean escuchadas y honradas.
